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El presidente Iván Duque elevó una petición formal a la Organización de Naciones Unidas en la que solicitó que se prorrogue por un año más la Misión de Verificación sobre la implementación de los acuerdos de paz con la extinta guerrilla de las Farc.
Dice la misiva del mandatario que el Gobierno Nacional y la Fuerza Alternativa Revolucionaria del Común (Farc), han acordado solicitar al Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas prorrogar el mandato de la Misión Política Especial por un año más a partir del 27 de septiembre de 2018.
En el documento enviado al secretario general António Guterres se relacionan varias resoluciones con respuestas a ese tipo de peticiones. "Expresa su disposición a colaborar con el Gobierno de Colombia para prorrogar el mandato de la Misión de Verificación sobre la base del acuerdo de las partes".
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Sobre el tema de los acuerdos con las Farc, el presidente Iván Duque reiteró que su intención no es “destruir” los acuerdos a los que llegó el pasado gobierno, señalando que no ha cambiado de parecer sobre la propuesta que hizo en campaña.
Expresó que el discurso siempre ha girado en torno a corregir y modificar los puntos que están mal dentro del acuerdo e implementación con las Farc, en el marco del posconflicto.
Duque indicó que los cambios que se hagan sobre la implantación se realizará por el bien de Colombia con soluciones contundentes.
Modificar puntos
El canciller Carlos Holmes Trujillo manifestó ante la Organización de Naciones Unidas que se buscará modificar algunos puntos en la implementación del acuerdo de paz que se firmó con la guerrilla de las Farc.
En la reunión sostenida con funcionarios de las Naciones Unidas en Nueva York (Estados Unidos), el ministro de Relaciones Exteriores aseguró que se revisarán cuatro puntos de dicha implementación en el posconflicto.
Trujillo aseguró que el Gobierno de Iván Duque quiere lograr unas adecuaciones, entre estos la modificación de la conexidad entre la rebelión, el secuestro y el narcotráfico.
Otro de los puntos hace referencia al hecho que los exguerrilleros condenados por delitos de lesa humanidad no puedan asumir cargos políticos.
En la propuesta se pedirá que aquellos excombatientes que continúen con actividades relacionadas con tráfico de armas, lavado de activos y narcotráfico perderán los beneficios.
El Gobierno buscará además que la erradicación de cultivos tenga un carácter obligatorio de ahora en adelante.
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