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Mediante una resolución, el Ministerio de Salud declaró insubsistente el nombramiento del director general de la Unidad Administrativa Especial Fondo Nacional de Estupefacientes, David Curtidor Arguello, quien tenía una investigación de la Procuraduría, por presuntas irregularidades en su posesión.
En el documento, el Ministerio de Salud resolvió dejar en encargo en ese cargo a Néstor Santiago Guerrero Guaqueta, funcionario que se viene desempeñando como profesional universitario en la Unidad Administrativa Especial Fondo Nacional de Estupefacientes.
La resolución firmada por el ministro de Salud, Guillermo Alfonso Jaramillo, establece que el encargo es por tres meses, tras haber cumplido con los requisitos para asumir ese puesto.
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Jaramillo destacó que David Curtidor Arguello había sido nombrado el pasado 14 de noviembre del 2023. La decisión del Ministerio de Salud habría tenido como base la investigación disciplinaria que adelantó la Procuraduría General de la Nación contra el director general del Fondo Nacional de Estupefacientes, por supuestas irregularidades en el acto de nombramiento.
El organismo aseguró que al momento de posesionarse, Curtidor no cumplía con los requisitos de ley para liderar ese organismo, por lo que esta conducta sería objeto de investigación disciplinaria.
Según la instrucción primera para la vigilancia administrativa, el cargo requería 76 meses de experiencia profesional y el servidor aparentemente solo logró demostrar 56.
Entre los argumentos que sustentan el proceso disciplinario formal, se resalta que para dar apariencia de cumplir con el requisito de la experiencia, el funcionario habría presentado un certificado expedido por su hijo.
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Según la denuncia pública y conocida por ese organismo de control, el funcionario tampoco habría declarado un eventual conflicto de intereses, que impediría que pudiera ser tenido en cuenta para ocupar ese cargo.
La Procuraduría anunció que la investigación estaría orientada a establecer si Curtidor Argüello es fundador y accionista de la empresa Coca Nasa, cuyo objeto social es la producción, distribución y venta de productos a base de coca.
Para la Procuraduría, que el funcionario también sea fundador de esa empresa podría constituir un conflicto con las funciones como director general del Fondo Nacional de Estupefacientes, por lo que esa situación debió haberse aclarado antes de ser tenido en cuenta para ser nombrado como director de ese organismo.
