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La Contraloría General de la República alertó sobre el riesgo de suspensión del Programa de Alimentación Escolar (PAE), a partir de septiembre de 2025, debido a un déficit de $500 mil millones en su financiación.
Según el contralor general, Carlos Hernán Rodríguez, la continuidad del programa depende de que el Gobierno Nacional asigne los recursos faltantes. “De no garantizarse los $500 mil millones, más de 3,5 millones de niños, niñas y adolescentes en 53 Entidades Territoriales Certificadas quedarían sin acceso a este servicio de alimentación”, señaló.
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La entidad recordó que la Unidad Administrativa Especial de Alimentación Escolar (UApA) envió dos comunicaciones al Ministerio de Hacienda, el 24 de junio y el 15 de agosto, solicitando la adición presupuestal. “La no respuesta oportuna a estos requerimientos pondría en riesgo no solo la prestación del servicio, sino también la garantía del derecho a la alimentación y la permanencia educativa”, advirtió Rodríguez.
La Contraloría pidió al Ministerio de Hacienda, al Departamento Nacional de Planeación, al Ministerio de Educación y a las Entidades Territoriales Certificadas articular acciones para asegurar la financiación del PAE.
Seguimiento permanente
El organismo de control advirtió que continuará realizando seguimiento a la operación del programa y a la gestión de los recursos. “La interrupción del PAE no solo tendría consecuencias sociales y educativas, sino que también generaría cuestionamientos públicos e institucionales frente a la obligación del Estado de garantizar este derecho”, puntualizó el contralor.
Por otra parte, la Contraloría General de la República también alertó sobre tres riesgos que podrían afectar la ejecución del Presupuesto General de la Nación (PGN) de 2025 y comprometer la sostenibilidad fiscal en el 2026.
El organismo señaló que, aunque el recaudo tributario a junio de 2025 ascendió a $135,4 billones, está $12,4 billones por debajo de lo esperado por la Dian.
“Ya hay un rezago importante en el cumplimiento de la meta de recaudo tributario y se requiere aumentar y acelerar en el segundo semestre”, advirtió la Contraloría.
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En cuanto a la ejecución presupuestal, solo se ha obligado el 37,7% de los recursos proyectados para 2025, con una baja inversión del 24,2%.
“De persistir esta tendencia, se pueden presentar altos niveles de pérdidas de apropiación y de constitución de reservas presupuestales como sucedió en la vigencia pasada”, señaló el organismo.
