La FM en Google News
De acuerdo con el organismo humanitario, la tasa de asistencia es de un médico por cada 496.
La entidad presentará una queja disciplinaria ante la Procuraduría General de la Nación para que se investigue al gerente del Fondo Nacional de la Salud para la Población Privada de la Libertad.
De igual forma, informará a la Contraloría General de la República y a la Fiscalía respecto de los hallazgos de las visitas humanitarias realizadas desde las distintas regionales del país para que se revise el manejo de los 85 mil millones de pesos asignados para recursos en salud para las cáceles.
La Defensoría del Pueblo pidió reportes sobre algunos aspectos puntuales relacionados con la asistencia sanitaria en las prisiones, y encontró que de los 134 establecimientos que respondieron, el 55 % no cumple con el suministro de medicamentos, más del 83 por ciento no lo hace frente al aprovisionamiento de insumos médicos y el 88 por ciento no aplica los protocolos para la recolección de residuos hospitalarios.
Todos estos factores, sumados al represamiento en los procedimientos solicitados (32 % de los 16.835 tramitados en el último año), van en detrimento de la salud, la integridad y la dignidad de casi 10 mil pacientes oficialmente registrados (sin contar aquellos que no están identificados ante la precariedad del sistema), de los cuales 4.215 padecen hipertensión arterial, 2.084 son pacientes siquiátricos, 1.112 están diagnosticados con diabetes, 611 con VIH, 312 tienen complicaciones cardiovasculares y 251 sufren tuberculosis.
La Defensoría ha constatado que en gran parte de los establecimientos carcelarios, el personal médico contratado por el Fondo no ha recibido el pago de sus honorarios, como ocurre en San Andrés, Bellavista, Girón, Cúcuta, Melgar, Popayán, Villahermosa, Jamundí y La Modelo de Bogotá, algunos de ellos con atención intramural suspendida y otros con la renuncia gradual de los galenos.
El organismo de control para los Derechos Humanos en Colombia conoció que la IPS GIH, encargada de la asistencia en salud y el suministro de medicamentos para los internos con patologías siquiátricas, elevó esta semana un requerimiento al Fondo para exigir el pago de los honorarios, so pena de una parálisis indefinida en la prestación de los servicios.
