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La defensa del general Nicacio Martínez, en cabeza del abogado Jaime Granados, emitió un comunicado en el que asegura que por “Las carpetas secretas” no existe, “ninguna responsabilidad administrativa, penal o disciplinaria en relación con lo narrado por la Revista Semana”, que pueda vincularlo en esas irregularidades.
Además que, “no existe prueba alguna que lo vincule o pueda llegar a vincularlo con estos hechos” y que “su actuación como Comandante del Ejército Nacional del Bicentenario, siempre se apegó a la Constitución, la Ley y a los Derechos Humanos".
En dicha comunicación también asegura que, "los hechos,opiniones e incluso especulaciones publicadas desde la portada 'Chuzadas sin cuartel', dieron lugar a investigaciones administrativas, penales y disciplinarias. En ninguna de ellas, parece obrar prueba de chuzada alguna y no se han pedido siquiera explicaciones al General Nicacio de Jesús Martínez Espinel, por la sencilla razón de que ni funcional ni materialmente pudo tener participación en estos hechos".
En ese sentido, recalcó que "las supuestas interceptaciones, chuzadas y violaciones al derecho a la intimidad constantemente denunciadas por Semana parecen existir sólo en sus publicaciones, no se conoce evidencia alguna que las corrobore. Además, ninguno de los oficiales, suboficiales y/o soldados que tuvieron alguna relación lo narrado por Semana, han señalado algún tipo de responsabilidad del General Nicacio de Jesús Martínez Espinel".
Enfatiza el abogado que el general Nicacio de Jesús Martínez, "fue el Comandante del Ejército Nacional que tiene cerca de 270.000 efectivos y es quizás la institución pública más grande y más querida por los colombianos. De manera que hechos como los publicados por Semana, de ser ciertos, son aislados, extraordinarios y escapan por completo de las funciones y el control del Comandante del Ejército Nacional y sólo podrían adjudicársele si los hubiera conocido o hubiera debido conocer, lo que evidentemente no ocurrió".
Finalmente, dice que la utilización de la imagen y nombre del General, "pretenden deslegitimar un Ejército que a diario protege, a costa de la propia vida de sus efectivos, a los colombianos en su vida, honra y bienes y hacer daño al nombre, el honor y la familia de un Oficial que dedicó 38 años a Colombia con los más altos estándares éticos y absoluto apego a la Constitución y la Ley".
