Corte Constitucional respondió solicitud de investigar a magistrado Vladimir Fernández: "Nosotros no investigamos"

La Corte Constitucional emitió una respuesta en el marco de la petición hecha ante la Comisión de Acusación de la Cámara de Representantes que busca que se investigue al magistrado Vladimir Fernández, mencionado en el escándalo de la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres, (UNGRD).

Frente a dicha petición, traducida en una denuncia presentada por el representante a la Cámara del partido Centro Democrático, Christian Garcés, tras las revelaciones que hizo a la revista Semana la exconsejera para las regiones Sandra Ortiz quien le dijo a la Fiscalía General de la Nación que se habrían entregado, supuestamente, alrededor de 3 mil millones de pesos, procedentes de esa entidad, al entonces presidente del Senado, Iván Name, para acelerar la elección de Fernández, la Corte Constitucional ha sido muy enfática en mantener su imparcialidad en el caso. 

La Corte Constitucional precisó que  no es la autoridad competente para investigar y sostuvo que sus magistrados siempre estarán prestos a dar las explicaciones a las que haya lugar ante las autoridades correspondientes en caso de que sus togados sean requeridos en cualquier instancia judicial.

En su comunicado el alto Tribunal señala: "La Corte Constitucional estará atenta a la actuación de las autoridades competentes que corresponda y respetará en su integridad las decisiones que conforme a su autonomía adopten, con el respeto del debido proceso y de los fueros de investigación y juzgamiento que el orden jurídico contempla".

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Recordemos que en el documento que se presentó ante la Comisión de Acusación, el congresista Garcés solicitó tres cosas:  dar inicio a la investigación contra el magistrado Vladimir Fernández. Que se ordenen las pruebas pertinentes para verificar los hechos denunciados, entre ellas, la incorporación de las declaraciones dadas por Sandra Ortiz ante la Fiscalía y otros elementos de prueba relacionados y por último, que se garantice la máxima transparencia y celeridad en la actuación, en atención al interés público comprometido.

Finalmente la Corte Constitucional también rechazó las afirmaciones que circulan sobre lo que ocurre al interior de la Sala Plena y sobre su funcionamiento, así como también las filtraciones erradas que la deslegitiman, según este tribunal.