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En el caso del Senado de la República, se formularon hallazgos con incidencia fiscal por $1.765 millones, por el no pago y liquidación de la totalidad de los aportes pensionales al Fondo de Previsión del Congreso.
"Esta situación consolida un daño al patrimonio en cuantía de $992.903.290,93, por los valores que corresponden al empleado, que no fueron descontados, y por los intereses de mora que se ocasionaron".
También se descubrieron irregularidades en el pago de intereses de mora a la Caja de Compensación Familiar por debilidades en la liquidación de aportes parafiscales, "al no contemplar dentro de la base de liquidación los conceptos de prima de servicios e indemnización de vacaciones, generando un detrimento al patrimonio público por $650.145.465,00".
Se registraron también debilidades en la supervisión e interventoría del contrato de obra, celebrado para la modernización de las baterías sanitarias (baños) del Senado, lo que conllevó a un detrimento al patrimonio por $85.201.204,32, "derivado de mayor obra ejecutada sin evidencia o justificación técnica, cantidades pagadas y no ejecutadas".
Y además se descubrieron debilidades en la supervisión e interventoría del contrato celebrado para la adecuación de oficinas con suministro de mobiliario para el Senado, "lo que conllevó a un detrimento al patrimonio público por $36.931.648,82 por las diferencias en las cantidades de obra, verificadas" por el organismo de control.
En Cámara
El informe de la Contraloría también revela que en la Dirección Administrativa de la Cámara de Representantes, se formularon dos hallazgos con incidencia fiscal por más de $921 millones.
Según el organismo de control, los hallazgos están relacionados con la ejecución de los contratos de intermediación para la venta de vehículos a través de subasta pública, específicamente en la determinación del precio mínimo de venta.
"Esto obedece a deficiencias en los criterios técnicos utilizados en la determinación de los avalúos y a debilidades en la labor de supervisión de dichos contratos firmados en los años 2015 e inicios del 2016", informó la Contraloría.
Dentro de las irregularidades que generaron el detrimento patrimonial, se evidenció que se descontó al valor comercial de los vehículos establecido en las tablas del ministerio de Transporte, sumas de “mantenimiento general”, “vicios ocultos”, y “Otros descuentos (logística de retiro y tiempos de entrega).
"Así como descuentos que corresponden a conceptos duplicados y por tanto no debían incluirse, dado que estaban a cargo del intermediario y hacían parte de la comisión a pagar por el servicio de intermediación, o no figuraban entre los deducibles permitidos por el marco normativo para este tipo de procesos contractuales", se revela en el informe.
Además, se estableció que en la determinación del precio base de venta y avalúo de vehículos blindados se descontó, entre otros aspectos, el mantenimiento del blindaje general del vehículo, descuento que no aplicaba, dado que los automotores a subastar tenían resolución de desblindaje y por tanto, una vez subastados debía desmontarse el blindaje.
Esto significa, explicó la Contraloría, "que la Dirección Administrativa de la Cámara de Representantes, no tenía que invertir recursos en dicho mantenimiento. Así, en el evento que los compradores quisieran conservar el blindaje, debían solicitar la autorización".
