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La Contraloría General de la República reveló que, tras una auditoría a la Unidad de Servicios Penitenciarios y Carcelarios (USPEC), descubrió 17 hallazgos administrativos de los cuales 12 tienen alcance fiscal por $18.920 millones, y 14 son irregularidades con presunta connotación disciplinaria.
El organismo evaluó la gestión del proyecto para construcción y ampliación de infraestructura para generación de cupos en los establecimientos de reclusión del orden nacional.
"Se revisaron los proyectos de ampliación en 5 Establecimientos Carcelarios de Alta y Mediana Seguridad (Espinal, Tuluá, Buga, Ipiales y Girón), así como sus contratos de interventoría, y el convenio marco interadministrativo de cooperación No. 20 de 2013, suscrito con la Universidad Nacional de Colombia", indicó la Contraloría.
Entre los hallazgos sobresalen graves deficiencias en la administración de los recursos destinados al proyecto evaluado, pues la entrega de cuantiosas partidas, a título de anticipo en la totalidad de contratos, ha beneficiado financieramente a los consorcios constructores.
Así mismo, se reveló que "las interventorías dieron por recibidas y autorizaron el pago de cantidades de obra no ejecutada, no terminada, no instalada o que no cumple con las especificaciones mínimas establecidas en los documentos contractuales".
La situación descrita llevó a que en algunos casos los contratistas de obra debieran realizar reversiones de las cantidades de estos proyectos no ejecutados en actas subsiguientes, las cuales seguían pendientes de compensación por parte de la Tesorería de la USPEC.
Otras irregularidades
Otras situaciones evidenciadas en la actuación de control fiscal revelaron el inicio de contratos de construcción, sin la existencia de diseños definitivos, lo que llevó a posteriores retrasos y desfase de precios.
La Contraloría elevó también a daño patrimonial la ejecución y pago de contratos de diseño de establecimientos de reclusión, que no contaban con recursos para su construcción.
Otras de las conclusiones que evidencia la crisis del sistema y la lenta reacción estatal frente a la implementación de soluciones, "radica en que la USPEC ha renunciado a la posibilidad de establecer un diseño estándar de establecimiento y cupo carcelario, para ser adoptado en las cárceles ya existentes".
La Contraloría determinó además que a diciembre de 2016 no se había puesto en servicio ningún nuevo cupo carcelario, pues los entregados corresponden a adecuación y ampliación en establecimientos existentes, y los proyectos de nueva infraestructura padecen de constantes retrasos y prórrogas, en consonancia con las conclusiones divulgadas en Boletín Macrosectorial No. 3.
Visitas
Dentro de las auditorías que en la actualidad se vienen adelantando, la Contraloría ha ejecutado acciones de control en 26 cárceles en los departamentos de Antioquia, Boyacá, Cauca, Córdoba, Huila, Nariño, Norte de Santander, Putumayo, Quindío, Risaralda, Santander y Tolima, cuyos resultados serán revelados antes del 30 de junio del año en curso, fecha estimada de liberación de las auditorías al INPEC y la USPEC.
Las primeras conclusiones evidenciadas en la visita efectuada al penal de Bellavista en Medellín, coinciden con el pronunciamiento del Defensor del Pueblo, quien solicitó el cierre inmediato de dicho establecimiento, debido entre otras razones al elevado hacinamiento, cercano al 300%, que no ha disminuido desde la última visita del órgano de control en la vigencia 2016.
