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La Contraloría General de la República (CGR), alertó por las condiciones en las que se presta el servicio de alimentación en las diferentes cárceles del país y agregó que esto pone en riesgo la salud de los privados de la libertad.
De acuerdo con el organismo de control, estos hallazgos se evidenciaron principalmente en la Picota (Bogotá), el Establecimiento Penitenciario de Mediana Seguridad y Carcelario de Cartagena (Bolívar), la Picaleña (Ibagué), el Establecimiento Penitenciario de Girardot (Cundinamarca) y el Barne (Cómbita).
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Específicamente en esta última, la delegada para el sector justicia de la Contraloría estableció un presunto hallazgo fiscal relacionado con el no suministro de 24.645 raciones de alimentos durante el mes de diciembre del año 2023 por un valor de $382 millones.
“Las raciones no fueron entregadas a las personas privadas de la libertad y tampoco descontadas para el pago correspondiente, afectando directamente la seguridad alimentaria de la población privada de la libertad, los requerimientos nutricionales, el suministro, acceso y la calidad de la alimentación”, aseveró el organismo.
Específicamente, en la Cárcel La Ternera de Cartagena la Contraloría asegura que se han presentado varios casos en los que no se realizó el traslado oportuno de personas privadas de la libertad que requerían servicios de salud, afectando de manera sustancial la oportuna y eficaz atención médica.
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“Se evidencian deficiencias en el abastecimiento y entrega de medicamentos en CPAMS La Dorada–Caldas, EPMSC de Buga, CPAMSEB El Barne Cómbita– Boyacá, COJAM Jamundí y EPMSC de Cali”, indica.
Finalmente, señala que hay deficiencias en el mantenimiento de las infraestructuras carcelarias de acuerdo a lo priorizado con los planes de necesidades, órdenes judiciales y presupuesto asignado.
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