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El vicecontralor general Julián Ruiz, señaló que no tiene ningún fundamento y calificó como una ligereza e irrespeto decir que el fallo fiscal en el caso Hidroituango tiene una intención política.
El funcionario afirmó que “con toda contundencia debo decir que ese tipo de afirmaciones además de ser ligeras son irrespetuosas con los servidores de la Contraloría que en su gran mayoría llevan años al servicio de la entidad”.
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“No tiene ningún fundamento el que diga que este fallo tiene un origen o lineamiento político. Es decir, esto es un fallo con pruebas técnicas. Tiene todo el ejercicio de contradicción por parte de los 26 sujetos involucrados y hoy declarados responsables”, añadió el funcionario.
El Vicecontralor explicó que la investigación fiscal a Hidroituango, el proyecto de generación de energía más importante del país, finalizó con la condena fiscal de la Contraloría a 26 funcionarios y contratistas respecto a sus actuaciones en ese billonario proyecto.
Asimismo, indicó que después de dos años de una rigurosa investigación en la que un equipo interdisciplinario de auditores, abogados, ingenieros y analistas revisaron millones de documentos y actas depositadas en dos teras de información, la unidad de investigaciones de lucha contra la corrupción de la CGR pudo concluir que las fallas del proyecto, son el resultado de una larga cadena de errores desde su planeación y diseño hasta su ejecución.
Adicionalmente, Ruiz señaló que los condenados son funcionarios de las empresas EPM, contratistas, exgobernadores y exalcaldes de Medellín quienes, según la investigación, no actuaron diligentemente al decidir continuar invirtiendo millonarios recursos en el proyecto, aún conociendo las fallas evidentes que terminarían por llevar a Hidroituango a tres consecuencias.
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La primera, el incumplimiento del objetivo principal del proyecto, generar energía ya contratada y acordada para el 2018 y en el que la CGR calculó en un lucro de $1,2 billones.
La segunda, el desmesurado aumento de los costos de Hidroituango. Y la tercera, la contingencia que en 2018 amenazó con causar una calamidad pública en el área de influencia del proyecto y por la que se tuvieron que invertir recursos en más obras.
“Concluida la indagación preliminar se abrió el proceso de responsabilidad fiscal en donde la Contraloría calcula técnicamente un núcleo cesante por 1,2 billones de pesos y un detrimento al patrimonio público por un valor de $3,1 billones, en total el daño es de $4,3 billones y por ese valor se tasó la condena”, concluyó Ruíz.
