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El Consejo Superior de la Judicatura prorrogó hasta el 14 de diciembre de 2026 la urgencia manifiesta declarada tras el sismo del 10 de agosto, con el propósito de atender las afectaciones en diferentes sedes de la Rama Judicial y garantizar la seguridad de servidores judiciales y usuarios, así como la continuidad del servicio de justicia.
La medida fue adoptada formalmente mediante el Acuerdo PCSJA26-12598 del 8 de octubre de 2026, instrumento que autoriza mantener los procesos extraordinarios de contratación de bienes, servicios y obras indispensables para la recuperación de la infraestructura física, tecnológica y operativa que resultó deteriorada a raíz del fenómeno natural.
Esta extensión administrativa responde directamente a las solicitudes formales transmitidas por las direcciones seccionales de Administración Judicial de las zonas impactadas, específicamente de Cali, Manizales, Pereira, Armenia, Quibdó e Ibagué.
Dichas dependencias territoriales fundamentaron la necesidad de prolongar el régimen excepcional para avanzar en diagnósticos estructurales de edificaciones, adecuaciones locativas, la reubicación de despachos judiciales y el traslado de infraestructura tecnológica, según los diagnósticos técnicos correspondientes a cada región.
Con la finalidad de sostener la atención continua a la ciudadanía, las autoridades han reportado la restauración progresiva del servicio de administración de justicia en la mayoría de los despachos.
En los espacios donde la atención presencial no se ha podido reanudar de forma plena, las dependencias operan mediante un esquema híbrido que combina el trabajo en casa con la presencia física por alternancia o a través del traslado provisional a nuevas sedes judiciales.
En concordancia con esta estrategia, el Consejo Superior de la Judicatura expidió el Acuerdo PCSJA26-12601 del 9 de octubre de 2026, extendiendo hasta el 31 de diciembre de 2026 la habilitación temporal del trabajo en casa contemplada originariamente en el artículo 3 del Acuerdo PCSJA26-12564 de 2026.
La medida de trabajo en casa aplica formalmente en los distritos judiciales de Armenia, Manizales, Cali, Ibagué, Pereira, Quibdó y Buga, de igual manera que en los distritos administrativos de Caldas, Quindío, Tolima, Valle del Cauca, Risaralda y Chocó.
La autorización de esta modalidad recae de forma exclusiva en los respectivos nominadores, previa obtención del concepto favorable y vinculante emitido por el consejo seccional de la judicatura atinente.
Caracterización de afectaciones en sedes e infraestructura de la Rama Judicial
La consolidación de datos realizada por la Dirección Ejecutiva de Administración Judicial (DEAJ) a partir de las informaciones remitidas por las Direcciones Seccionales de Administración Judicial de Pereira, Armenia, Manizales, Quibdó y Cali evidenció un impacto considerable.
Tan solo en los departamentos de Risaralda, Quindío y Chocó, un total de 34 sedes judiciales registraron daños e infracciones en sus estructuras físicas.
El balance sobre el talento humano determinó que las labores de acompañamiento abarcaron a 5.170 servidores judiciales en las regiones declaradas en contingencia, de los cuales más de 2.400 manifestaron sufrir afectaciones personales o laborales por causa directa del movimiento telúrico.
Ante este escenario, más de 1.000 servidores han recibido asistencia e atención psicosocial, incluyendo primeros auxilios psicológicos, orientación, contención emocional y un esquema de seguimiento individual.
En la seccional de Risaralda, las evaluaciones determinaron que el Palacio de Justicia de Pereira, edificio que concentra el 86% de los despachos judiciales del Distrito y aloja a 447 servidores, padece una afectación severa que lo mantiene inoperable.
Para sostener las actuaciones, la plantilla de personal ejecuta sus funciones operativas bajo teletrabajo, mientras la atención al público se canaliza mediante la estrategia de Justicia Móvil.
Por su parte, el Consejo Seccional de la Judicatura de Risaralda procedió con el levantamiento progresivo de la suspensión de términos y la reincorporación al reparto ordinario mediante la Circular CSJRIA26-0082 del 18 de septiembre.
Paralelamente, se dispuso la apertura de salas de audiencias por fases: nueve iniciaron servicios desde el 15 de septiembre en el área metropolitana y en Santa Rosa de Cabal; 13 salas de juzgados promiscuos inician operaciones el 12 de octubre, y 39 salas adicionales lo harán el 1 de noviembre.
De forma simultánea, se gestiona la reubicación de 519 puestos de trabajo a ejecutarse entre octubre y diciembre de 2026: 332 en el Complejo Judicial Calle 39 (propiedad de la entidad), 130 en un inmueble arrendado destinado al sistema penal acusatorio, la Oficina Judicial y el archivo central, y 57 en el Edificio Kronos para juzgados de familia y especializados.
Planes de contingencia y retorno gradual en Quindío y Caldas
En el departamento del Quindío, la Dirección Seccional de Administración Judicial de Armenia implementó la estrategia denominada "Pico y Despacho", la cual combina ingresos escalonados, restricciones de acceso y trabajo en casa en función de los diagnósticos de seguridad física de cada infraestructura.
Mientras las sedes de Montenegro, Génova y Buenavista figuran actualmente como no habitables, y los edificios IBG y San Martín en Armenia aguardan reparaciones, se habilitó paulatinamente el funcionamiento en Salento, Córdoba, Pijao, Circasia, Filandia y Calarcá, así como espacios específicos en la Torre Central del Palacio de Justicia Fabio Calderón Botero y de la Comisión Seccional de Disciplina Judicial.
En la capital, la Oficina de Orientación al Usuario, la Oficina Judicial y los Centros de Servicios Judiciales contabilizan 834 atenciones directas dispensadas a ciudadanos y profesionales del derecho.
Respecto a la seccional de Caldas, la atención presencial se ha reanudado de manera escalonada en 23 de los 29 municipios pertenecientes al Distrito Judicial de Manizales, respondiendo a las evaluaciones de infraestructura, conectividad y servicios públicos.
En la ciudad de Manizales, las autoridades instalaron un Punto de Atención al Usuario de la Justicia y una Oficina de Atención en Salud situados frente al Complejo Judicial San José, complementados con puntos de atención itinerantes en el territorio.
Afectaciones registradas en Chocó y el Valle del Cauca
En el departamento del Chocó, la ciudad de Quibdó contabiliza 12 sedes judiciales con daños, destacándose el impacto sobre el Edificio Adán Arriaga, sede donde laboran 184 servidores judiciales.
Adicionalmente, la sede de Alto Baudó reporta daños de gravedad pendientes de intervención, al tiempo que prosiguen las obras en Miraflores y Silencio, habiendo culminado ya los trabajos de reparación en el Juzgado de Infancia y Adolescencia.
Finalmente, en el Valle del Cauca, 29 municipios reanudaron la atención presencial tras dictámenes técnicos favorables. No obstante, en Cali y otros 8 municipios prosigue la gestión para la reubicación temporal de despachos con inmuebles averiados.
Entre las edificaciones comprometidas que requieren traslado urgente se encuentran el Palacio Nacional de Cali —donde operan el Tribunal Superior de Cali, el Tribunal Administrativo del Valle del Cauca y el Consejo Seccional de la Judicatura—, la Casa de Justicia de Los Mangos, y sedes judiciales localizadas en los municipios de Roldanillo, Bolívar, Sevilla, Caicedonia, La Victoria, Ansermanuevo, Buenaventura y Tuluá.
Claves del tema, en cuatro preguntas:
Trabajo en casa en la Rama Judicial: ¿Hasta cuándo se extendió esta modalidad temporal tras la emergencia por el terremoto?
El Consejo Superior de la Judicatura expidió el Acuerdo PCSJA26-12601 de 2026 para prorrogar el trabajo en casa en la Rama Judicial hasta el 31 de diciembre de 2026. La medida, autorizada por los nominadores de cada zona con previo concepto favorable, aplica de forma excepcional en los distritos judiciales de Armenia, Manizales, Cali, Ibagué, Pereira, Quibdó y Buga para sostener la atención ciudadana mediante esquemas híbridos, trabajo en casa y reubicación provisional.
¿Cómo avanza la reapertura de sedes y salas judiciales tras las afectaciones por el sismo?
Las direcciones seccionales de la Rama Judicial han restaurado progresivamente el servicio en la mayoría de despachos, combinando alternancia, traslado de infraestructura tecnológica y puntos de atención alternos. Mientras en Caldas la presencialidad volvió en 23 municipios y en el Quindío opera la estrategia "Pico y Despacho", en Risaralda el Consejo Seccional levantó la suspensión de términos e inició la apertura por fases de salas de audiencias entre septiembre y noviembre.
¿Qué sedes judiciales registran daños graves por el sismo y requieren traslado de personal en el país?
Varias sedes judiciales de Risaralda, Quindío, Chocó y Valle del Cauca sufrieron impactos severos que obligaron a la reubicación de sus dependencias. Entre los inmuebles más comprometidos figuran el Palacio de Justicia de Pereira (que concentra el 86% de los despachos locales), el Palacio Nacional de Cali, el Edificio Adán Arriaga en Quibdó y diversas estructuras en municipios como Montenegro, Génova, Buenavista, Alto Baudó y Tuluá.
Asistencia a servidores judiciales: ¿Qué apoyo han recibido los funcionarios de las zonas en contingencia?
Los equipos de administración territorial han brindado acompañamiento a más de 5.170 servidores judiciales en las regiones impactadas por el movimiento telúrico, de los cuales cerca de 2.400 reportaron afectaciones personales o laborales directas. A la fecha, más de 1.000 funcionarios han accedido a atención psicosocial, primeros auxilios psicológicos, contención emocional y esquemas de seguimiento individual para garantizar sus labores operativas.
