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Colprensa
26 Mayo 2017 07:17 AM

Conalminercol: Gobernación de Antioquia no puede criminalizar el paro de 60 mil mineros

La secretaria de gobierno departamental aseguró que "no permitirá las vías de hecho".
La
Fm

La Confederación Nacional de Mineros, Conalminercol, hizo un llamado a la Gobernación de Antioquia para que se respete el derecho a la protesta sin estigmatizaciones ni provocaciones por parte de la fuerza pública. La reacción de los mineros se dio luego que la secretaría de Gobierno departamental, Victoria Eugenia Ramírez, anunciara que no permitirá vías de hecho en el paro, pese a que este ni siquiera ha comenzado.

El secretario general de Conalminercol, Rubén Darío Gómez, calificó a la funcionaria como una mujer "provocadora", cuyos argumentos tienden a "criminalizar a los pequeños mineros informales". Agregó que desde la Secretaría de Gobierno se adelantan operativos injustos contra los trabajadores que dificultan la formalización de los 60 mil mineros que saldrán a paro.

Rubén Darío Gómez agregó que "la secretaria de Gobierno Victoria Ramírez es una señora provocadora, es una señora que tiene como argumentos la criminalización de los mineros informales en Colombia. Lógicamente a ella, en su deber de politiquera, le interesa poner en entredicho los justos reclamos de las comunidades, no hemos empezado a desarrollar la movilización y ya la señora viene cuestionando nuestras acciones".

Las principales regiones de Antioquia donde se sentirá con fuerza el paro de mineros son el Nordeste y el Bajo Cauca, extractores de oro y níquel, además del Suroeste, donde se extrae el carbón. Conalminercol informó que la hora cero del paro se conocerá este sábado 27 de mayo y las marchas se darán en conjunto con otros sectores en paro como el Magisterio, el Inpec y la Rama Judicial.

Los mineros reclamarán garantías para la formalización de sus labores, respeto por la maquinaria y elementos usados en la cadena de extracción y producción, garantías para la compra de explosivos de manera legal y la no estigmatización del Estado que dificulta la comercialización de los productos.