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La Dirección de Información, Análisis y Reacción Inmediata – DIARI de la Contraloría General de la República identificó 69 alertas en la entrega de raciones de alimentos que hicieron contratistas del Instituto Colombiano de Bienestar Familiar (ICBF).
Una de las anomalías es que de las 28.000 raciones de alimentos que entregaron contratistas del ICBF fueron para 15.000 beneficiarios fallecidos.
De acuerdo con las investigaciones estos 15.000 beneficiarios con documento de identidad, fueron analizados con la Registraduría Nacional y aparecen como fallecidos.
De igual manera, en el municipio de Chimichagua (Cesar) una mujer aseguró ser la madre de 172 niños y niñas en ese municipio, lo mismo que de un menor en Fundación (Magdalena), recibiendo raciones por todos.
Otra novedad descubierta por los investigadores es que en el país se hicieron 48 entregas de raciones a 21 menores de edad que, según la base de datos de la Registraduría, fallecieron en fechas anteriores a dicho suministro.
Las anteriores anomalías son parte de las 69 alertas que detectó la Dirección de Información, Análisis y Reacción Inmediata – DIARI con su Modelo de Analítica Descriptiva que le está haciendo seguimiento al Programa Canastas Nutricionales del ICBF.
De acuerdo con la Contraloría la anormalidad detectada es de más de $2.000 millones aproximadamente, ya que cada ración aumenta según el tipo de Centro Zonal desde donde se entrega y si son para mujeres gestantes y madres en periodos de lactancia.
Para la Contraloría General de la República las anomalías encontradas fue por el diligenciamiento de las planillas de control por parte de los contratistas y operadores del ICBF que realizan las entregas.
Con base en esta coordinación entre el ICBF y la Contraloria General de la Repùblica, através de la DIARI, acompañó en tiempo real las actividades que desarrolla el Instituto de cara a la atención de la crisis que generó la pandemia por la Covid-19 y advertirle sobre la necesidad de avanzar en el uso de nuevas tecnologías, que permitieran un mejor seguimiento y efectivo control de la ejecución contractual de los operadores.
