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Según el directivo, "acataremos y respetaremos el fallo y desde la semana entrante comenzaremos consultas con las comunidades pero esto atrasara el proyecto y esto tendrá costos adicionales".
Dijo que el proyecto La Puente se basa en el desvío parcial del arroyo Bruno, en la parte baja del afluente, con el fin de mantener la producción del mineral.
Pero las comunidades de la zona, en especial del corregimiento de La Horqueta, han señalado que esto podría atentar contra el abastecimiento del agua para esta región.
No obstante, Junguito dijo que en este proyecto están en juego 30 millones de toneladas de las cerca de 90 millones que se producen cada año en el país. Incluso señaló que podrían afectarse 600 empleos.
Insistió en que este proyecto no tendrá impactos ambientales importantes como lo han denunciado algunas comunidades.
Decisión
El Consejo de Estado dejó en firme la suspensión provisional de la licencia ambiental que daba vía libra a Carbones del Cerrejón Limited para desviar el cauce del Arroyo Bruno en el departamento de La Guajira con el objetivo de desarrollar un nuevo proyecto minero.
De acuerdo con la decisión del Consejo de Estado, el desarrollo de dicho proyecto por parte de la multinacional afectaría a la comunidad Wayúu asentada en ese territorio del país por lo que es indispensable que el Gobierno nacional desarrolle la consulta previa.
Por este hecho el alto tribunal advirtió que el Ministerio del Interior, la Autoridad Nacional de Licencias Ambientales y la empresa minera, “deberán concertar con el grupo indígena antes seguir adelante con este proyecto, a 500 metros del tajo La Puente, que hace parte de la mina de carbón que esta firma opera en este departamento del Caribe”.
Para la Sección Cuarta del Consejo de Estado las pruebas documentales allegadas al proceso indicarían una afectación a esta población vulnerable y hasta tanto no se desarrolle la consulta previa no se podrá avanzar en el proyecto minero en La Guajira.
“A juicio de la corporación, las autoridades y empresa demandas debieron valorar el posible impacto de acuerdo al significado ancestral de los terrenos en controversia, la contaminación ambiental que genera la explotación de carbón a cielo abierto y la crisis que vive La Guajira por falta de agua”, señala el documento del Consejo de Estado.
