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Por cartelización empresarial en las contrataciones públicas, que buscaba alterar los precios de las raciones alimenticias empleadas por la Agencia Logística de las Fuerzas Militares, la Superintendencia de Industria y Comercio (SIC) sancionó con $8.381 millones de pesos a las cuatro empresas y diez personas naturales, involucradas en estas conductas, al parecer irregulares.
Las empresas sancionadas son: Catalinsa, La Huerta De Oriente, Iberoamericana De Alimentos Y Prolac, las cuales, según el organismo, incurrieron en la cartelización en los procesos de adquisición de productos de comidas listas y panadería larga vida para la conformación de raciones militares, durante los últimos siete años.
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Para la Superindustria, las raciones habrían tenido sobrecostos de hasta el 50% del valor real de los alimentos.
El organismo precisó además que estos actos se llevaron a cabo en por lo menos 18 procesos de selección de forma ininterrumpida, durante siete años consecutivos, tiempo en el cual las empresas y personas sancionadas se habrían repartido contratos con presupuestos oficiales que ascienden a un valor superior a los 47 mil millones de pesos.
Igualmente, la SIC reveló que las empresas involucradas en este cartel acordaban con anterioridad la distribución y precio de los productos que se subastarían, y "después daban instrucciones exactas a las comisionistas de bolsa que les representaban en el proceso de subasta, por lo que no había una real competencia”.
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Dos de las personas sancionadas ya habían participado también del 'cartel de la contratación de alimentos de Bogotá'. Se trata de Luis Hernando Villalobos Sabogal, multado con $6.409.260 y Hayder Mauricio Villalobos Rojas, con $ $7.833.540.
Las otras personas relacionadas en el caso de colusión de esta ocasión son, William Fajardo Rojas, Claudia Marcela González ,Martín, Diana Lucero Gualteros Jiménez, Luz Adriana Almansa Latorre, Juan Carlos Almansa Latorre, Hernando Prieto Molina, Alfredo Rafael Roa Sarmiento y Javier Caparroso Hoyos.
En su momento, el organismo aclaró que no se trató de un caso de corrupción pública, sino privada, ya que la víctima fue la Agencia Logística de las Fuerzas Militares.
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