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Después de pernoctar el sábado 27 de enero en Murindó (municipio localizado a orillas del río Atrato, afectado por las fuertes lluvias e inundaciones), la misión de verificación encabezada por el Defensor del Pueblo, Carlos Alfonso Negret Mosquera, continuó este domingo su recorrido fluvial por el río Atrato, llegando al Espacio Territorial de Capacitación y Reincorporación (ETCR) Brisas – Caracoli,localizado entre los municipios de Riosucio y Carmen del Darién, en el departamento del Chocó.
Allí, la misión de la Defensoría se reunió con el mecanismo tripartito de monitoreo y verificación (compuesto por representantes de las Naciones Unidas, del Gobierno y la comunidad), para conocer las condiciones de seguridad y de derechos de los excombatientes de las Farc y verificar las condiciones actuales de adecuación de este Espacio Territorial de Capacitación y Reincorporación.
Luego de establecer un diálogo directo con los líderes de la comunidad, la comisión de la Defensoría recibió un reporte que da cuenta de las falencias en materia de salud, educación e infraestructura al interior de dicho ETCR.
La misión también visitó el municipio de Carmen del Darién donde la comunidad clama por mayor presencia del Estado, debido a la presencia de grupos armados ilegales y a la falta de condiciones de seguridad para los líderes sociales. Al igual que otros municipios ubicados a orillas del río Atrato, Carmen del Darién ha resultado gravemente afectado por las intensas lluvias y las inundaciones.
Bojayá
A chalupa y después de un recorrido de más de tres horas por las aguas del río Atrato, la misión humanitaria encabezada por el Defensor del Pueblo, Carlos Alfonso Negret Mosquera, llegó este viernes al municipio de Bojayá, en el departamento de Chocó.
A su llegada, el defensor Carlos Negret tuvo un encuentro con líderes y lideresas locales, quienes le manifestaron las necesidades más apremiantes y los temores de la comunidad, debido a la situación de seguridad que afronta la región. Posteriormente, se reunió con autoridades civiles y militares para evaluar mecanismos de prevención, protección y atención que permitan garantizarle a la comunidad sus derechos fundamentales.
Desde la Iglesia Casa de las Angustias —donde hace 16 años el país experimentó una de las peores masacres de su historia— el Defensor del Pueblo anunció la alerta temprana que generó la Defensoría a propósito del riesgo que representa para la población civil la presencia de grupos armados ilegales tanto en los municipios ubicados a orillas del río Atrato, como en Vigía del Fuerte, Bojayá y Medio Atrato.
También solicitó protocolizar el plan integral de reparación colectiva para las víctimas de Bojayá, y expresó su preocupación por los incumplimientos en los compromisos adquiridos por el Estado. “Hago un llamado al Gobierno nacional porque constatamos que en Bojayá (Chocó) no hay servicios públicos desde hace un mes”, puntualizó.
