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El canciller (e) Luis Gilberto Murillo compareció ante la Comisión Segunda del Senado de la República en un debate de control político sobre la licitación de los pasaportes, en medio de toda la polémica que se ha generado por este proceso.
Según Murillo, las actuaciones del entonces secretario de la Cancillería José Antonio Salazar, quien suscribió este contrato a Thomas Greg & Sons, fueron totalmente irregulares.
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“El doctor Salazar expidió una serie de actos administrativos de manera irregular y una de las irregularidades es que no tenía el certificado de disponibilidad presupuestal sumado a otras y eso hace casi que muy inejecutable este tipo de contratos y ahí hay una falencia grande”, indicó.
“El doctor Salazar en una cosa novelesca, dice que se va no sé a dónde, trabaja unos actos administrativos y los emite y son abiertamente irregulares”, añadió.
A raíz de esto, el canciller (e) aseguró que solicitó suspender el proceso y pedir algunos conceptos jurídicos sobre cuál debe ser la actuación del Gobierno en este particular, los cuales aún no han llegado.
“Pedí suspender eso, pedí los conceptos jurídicos del caso para unificar la posición de Gobierno a la Agencia de Defensa Jurídica del Estado, un concepto a la Secretaría Jurídica de Presidencia y a Colombia Compra Eficiente y estamos a la espera de esos conceptos, porque no queríamos apresurarnos a tomar decisiones que no estuvieran dentro de la estrategia jurídica de gobierno”, indicó.
Pero no solo eso, también reveló que las actuaciones del entonces secretario Salazar fueron denunciadas ante los órganos de control, ya que podría existir alguna responsabilidad penal y judicial.
“Esos actos que se expidieron, que partieron de un hecho irregular, presuponen también conductas que infringen la ley penal y procedimos a darle traslado también a las debidas denuncias a la Fiscalía, la Procuraduría y la Contraloría General y ese es el proceso que estamos siguiendo”, manifestó.
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El ministro Murillo entregó un parte de tranquilidad a la ciudadanía y dijo que el proceso de expedición de pasaportes continúa adelantándose de manera normal hasta octubre, cuando se vence el contrato que está vigente.
Dijo que el objetivo de la Cancillería es solucionar estos problemas lo más pronto posible, pero cumplimiento con el principio que tiene el Gobierno del presidente Gustavo Petro de no favorecer a ninguna firma en particular.
