Sacerdote
Sacerdote. Imagen de ilustración.
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5 Mar 2020 02:28 PM

Aún no han notificado fallo de la Corte sobre pederastia a la Arquidiócesis de Medellín

La Iglesia negó que haya una “red de pederastia” en Antioquia o en el país.
Johanna Ramírez Gil
Johanna
Ramírez Gil
@johannarami

En un comunicado de ocho puntos, la Arquidiócesis de Medellín afirmó que “no ha recibido todavía ninguna comunicación directa” de la Corte Constitucional sobre el fallo que la obliga a entregar sus archivos sobre pederastia al periodista Juan Pablo Barrientos y garantizar el acceso a la información sobre 43 sacerdotes señalados de abusar menores de edad. 

Sin embargo, la Iglesia indicó que colabora con las autoridades, “respeta y acata siempre las decisiones de las autoridades del Estado” y, “en este caso, no será diferente”. Negó la existencia de una “red de pederastia” y aclaró que se trata de “unos casos puntuales” que deploran y rechazan. 

La Arquidiócesis de Medellín aseguró que “no tiene ‘archivo secreto'”, sino que tiene, bajo custodia, documentos con información “privada o reservada” de su personal que se maneja bajo la ley de habeas data. 

Contexto: Iglesia deberá entregar a Juan Pablo Barrientos archivos sobre pederastia

Reafirmó su compromiso para luchar “contra todo acto de abuso sexual a menores de edad por parte del clero”, respetando el “debido proceso y privilegiando la protección de las víctimas”. 

Lea el comunicado:

¿Qué dijo la Corte?

La Corte Constitucional amparó el derecho a la información en la investigación periodística de Juan Pablo Barrientos sobre casos de pederastia en la Iglesia católica. Esto quiere decir que "todas las diócesis, arquidiócesis y comunidades religiosas están en la obligación de entregar sus archivos secretos" si él "o cualquier periodista decide pedirlos", asegura Barrientos.

Más información: “El cardenal Rubén Salazar es tan encubridor como otros obispos”: Juan Pablo Barrientos 

Si bien los datos solicitados por Barrientos eran "de naturaleza semiprivada", la Corte Consideró que negar el acceso a estos "implicaba una afectación grave al derecho a la información del periodista", puesto que se trata de "un asunto de relevancia social", toda vez que la información serviría para "corroborar indicios acerca de la posible existencia de una red de pederastia y abuso sexual de menores en la ciudad de Medellín".