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Tres años después de haber iniciado una investigación, la Fiscalía General de la Nación archivó el proceso de indagación contra la Gobernación del Valle del Cauca, por aparentes irregularidades en la contratación de dos operadores encargados del manejo del Programa de Alimentación Escolar (PAE) en los municipios del departamento que no son certificados.
El Departamento Jurídico de la administración demostró que los operadores eran idóneos y tenían la experiencia en el manejo de dicho programa, no solo a nivel regional sino también en todo el país.
Cabe recordar que la investigación penal del ente acusador comenzó en el primer trimestre de 2016, frente a la denuncia de una ciudadana que acusó a la administración regional de aparentemente ejecutar una serie de convenios sin cumplir con los requisitos de ley para que las fundaciones, Naturaleza y Vida y Prodesarrollo Comunitario Acción Por Colombia, se encargaran del programa de Alimentación Escolar en más de 149 instituciones educativas.
“La Fiscalía General de la Nación ordena el archivo de la investigación penal por la comisión de supuestas irregularidades en la contratación de los convenios para el PAE", sostuvo Diana Lorena Vanegas, directora del Departamento Jurídico de la Gobernación del Valle.
La funcionaria indicó que "es importante señalar que al inicio de esta administración no existía una cobertura total a la población (del PAE) y por esta razón se celebraron unos convenios con entidades sin ánimo de lucro, para responder a las necesidades de los pequeños de los colegios no certificados del departamento”.
Durante el año 2016, el Gobierno departamental tuvo que adoptar una serie de medidas de contingencia para que se prestara de manera efectiva el servicio, teniendo en cuenta que antes no había una organización que beneficiara a los estudiantes.
“Estas entidades eran idóneas, entre otras cosas porque eran de las pocas a nivel nacional que están certificadas para atender el Programa de Alimentación Escolar. Adicional a esto se logró demostrar que este programa fue perfectamente supervisado, no solo por la Secretaría de Salud del departamento, sino también a través de una firma externa”, agregó la funcionaria.
Algunas inconsistencias que fueron halladas durante la distribución de los alimentos se subsanaron, sancionando económicamente a los operadores, pero no implicaba alguna falla legal.
“Se logró presentar las contingencias necesarias. Esto obedeció en un principio, a un inadecuado manejo, pero no es un resultado que implique que exista una falta de idoneidad de las empresas que prestaban este servicio”, añadió.
Actualmente el PAE beneficia a 126 mil estudiantes de los grados cero a once, de las diferentes instituciones educativas no certificadas del departamento, que cuentan con recursos del Sistema General de Regalías y del Gobierno Nacional.
