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Cerca de 3.193 desmovilizados que están en proceso de reincorporación a la vida civil recibirán apoyo económico en medio de la crisis por la pandemia del coronavirus (COVID-19).
Así lo establece el decreto 570 creado por el gobierno del presidente, Iván Duque, que aprobó la Sala Plena de la Corte Constitucional, con el fin de “mitigar los efectos socioeconómicos negativos, generados por la crisis sanitaria a la población en proceso de reintegración”.
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La Corte aclaró que esos recursos deberán ser entregados solamente y de forma transitoria a la población desmovilizada en proceso de reintegración, que no están incluidas en otros programas sociales de gobierno y ya no cuentan con un apoyo económico para su regreso a la vida civil.
“El apoyo económico excepcional creado por el Decreto no es un beneficio adicional al proceso de reintegración, sino más bien, un apoyo transitorio y excepcional que busca mitigar los efectos socioeconómicos negativos generados por la crisis sanitaria”, señaló la Corte.
En medio del estudio del decreto la Corte evidenció que actualmente la Agencia para la Reincorporación y la Normalización (ARN), no cuenta con un título de gasto que le permita otorgar este beneficio económico a esa población en vulnerabilidad.
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Según datos entregados a la Corte por la ARN, actualmente los desmovilizados en proceso de reincorporación no están recibiendo apoyos económicos dado a que “ya se vencieron los términos y condiciones en su ruta de reintegración”.
Lo anterior quiere decir que “el 70% de ellas hace parte del régimen subsidiado de salud y depende de trabajos y oficios informales. Su situación socioeconómica se ve agravada por las circunstancias generadas por las medidas de aislamiento dirigidas a evitar la propagación del COVID-19”.
