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A la expectativa del pronunciamiento de la Corte Penal Internacional -CPI- se declararon las diferentes organizaciones de Derechos Humanos en el país, mientras reiteraron su solicitud de que estos crímenes sean declarados delitos de lesa humanidad.
“Ya presentamos un documento ante la fiscal de la Corte Penal Internacional, Fatou Bensouda, para que se pronuncie por estos asesinatos (...) de persistir la impunidad frente a estos crímenes, se reconozcan que son de lesa humanidad y que podrían entrar en la esfera de su competencia”, afirmó Luis Guillermo Pérez, del colectivo de abogados Alvear Restrepo.
Pérez además exigió una respuesta del Estado frente a los asesinatos que se han presentado en diferentes regiones del país.
“Persiste un patrón de asesinatos de persecución contra los defensores y defensoras de Derechos Humanos, la estigmatización a los líderes sociales es algo de una cultura que está dentro de muchos sectores del Estado, los asesinatos se justifican, como lo hizo el Ministro de la Defensa, al decir que habría un historial de colaboración con el Clan del Golfo, en el caso de la lideresa de Cáceres (...) eso es irresponsable al igual que justificar los asesinatos”, señaló.
Por su parte, la excongresista Ángela María Robledo también rechazó los señalamientos del Gobierno contra los líderes sociales en el país.
“En los debates de control político que hicimos desde el 2016, que fue el escenario en el que el fiscal dijo que estos eran problemas de faldas, vecindades o incluso de contactos con fuerzas oscuras, nos pareció una declaración irresponsable a la de hora de presentar algunas cifras donde no hay un análisis estructural de lo que está pasando”, destacó.
Robledo le hizo un llamado al ministro de Defensa, Luis Carlos Villegas, para que sea responsable con los señalamientos que se hacen contra los líderes sociales.
“Que sea responsable y que proteja la vida. Es que la protección de la vida de cualquier ciudadano en Colombia es responsabilidad del Estado. Vamos a pedir a la Corte Penal Internacional actuación, a la Corte Interamericana de Derechos Humanos una misión especial porque esto lo hemos denunciado y no sentimos que haya voluntad política de investigar a profundidad”, puntualizó.
