Alcalde de Cali bajo la lupa de la Procuraduría por 18 contratos con Emcali

Esa entidad señaló que el alcalde debe explicar de manera detallada los objetivos de los 18 contratos por $5.000 millones.
Jorge Iván Ospina
Alcaldía de Cali ofrece recompensa por responsables de atentado. Crédito: Cortesía Alcaldía de Cali

La Procuraduría General de la Nación le puso la lupa a la administración del alcalde de Cali, Jorge Iván Ospina y lo requirió para que responda por 18 contratos celebrados con Emcali y Caligen por 5.000 millones de pesos.

Los llamados de extendieron al Gerente de Emcali ESP, Juan Diego Flórez González, como representante legal de Caligen SAS.

Las averiguaciones de la Procuraduría que se encuentran en etapa previa, van encaminadas a la vigilancia a los contratos celebrados por el Distrito Especial, Deportivo, Cultural, Turístico, Empresarial y de Servicios de Cali.

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Esa entidad señaló que el alcalde debe explicar de manera detallada los objetivos contractuales de los 18 contratos. “Deberá explicar, entre otros asuntos, el estado actual de ejecución de cada contrato o convenio, si existen contrataciones derivadas de dichos convenios o contratos, los recursos ejecutados hasta la fecha, y la experiencia e idoneidad de Emcali para ejecutar dichos negocios jurídicos”, dijo la Procuraduría a través de un comunicado.

Por su parte, Juan Diego Flórez González, representante legal de Caligen SAS, deberá enviar a la Procuraduría copias “de las actas de juntas de socios, estados financieros, reformas estatuarias de la sociedad, así como de los estudios jurídicos, técnicos y financieros que justifican la inversión estratégica de 5.000 millones de pesos”.

Según la información suministrada por la Procuraduría, ese tipo de requerimientos van encaminados a “mitigar posibles riesgos de gestión pública” sobre la celebración de esos contratos.

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“Que puedan implicar una afectación al ordenamiento jurídico, al patrimonio público, o a los derechos y garantías de los caleños, y no implica en modo alguno coadministración, prejuzgamiento o injerencia en las decisiones administrativas, financieras, técnicas, jurídicas o de cualquier otra índole de la Alcaldía de Cali”, señaló la Procuraduría.


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