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La Superintendencia de Industria y Comercio (SIC) inició una investigación administrativa contra Movistar por presuntas infracciones a la normativa que protege el derecho de los usuarios a la libre elección de operador, mediante el mecanismo de portabilidad numérica móvil.
Según informó la entidad, tras recibir denuncias de varios usuarios y analizar la información aportada, la Dirección de Investigaciones de Protección de Usuarios de Servicios de Comunicaciones formuló pliego de cargos por dos posibles incumplimientos.
El primero corresponde al retraso o no entrega del NIP (Número de Identificación Personal), un código necesario para validar la identidad del usuario y completar el traslado hacia otro operador.
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La SIC señaló que “Movistar habría demorado o no entregado los NIP necesarios para completar el proceso de portabilidad a otro operador, a pesar de haberlos recibido oportunamente en su red”.
El segundo cargo se refiere al ofrecimiento de beneficios para evitar que los usuarios concreten el cambio de operador. De acuerdo con la autoridad, “Movistar habría ofrecido beneficios especiales a los usuarios que ya se encontraban en el proceso de cambio a otro operador, vulnerando esta prohibición expresa” incluida en la regulación vigente.
Mientras se adelanta el procedimiento, la SIC impuso medidas preventivas a Movistar, entre ellas el cumplimiento estricto de los tiempos de entrega del NIP máximo 5 minutos en el 95 % de las solicitudes, y nunca más de 10 minutos incluso si el usuario tiene el servicio suspendido. Además, deberá abstenerse de enviar mensajes promocionales una vez iniciado el proceso de portabilidad.
La compañía deberá remitir información para comprobar el cumplimiento de estas órdenes administrativas, y mantenerse en conformidad con ellas mientras dura la investigación.
De ser hallada responsable, Movistar podría enfrentar sanciones de hasta 15.000 salarios mínimos legales mensuales vigentes.
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La resolución que ordena la formulación de cargos no admite recursos, dado que se trata de un acto de trámite. Sin embargo, la empresa cuenta con 15 días para presentar descargos, solicitudes de pruebas y ejercer su derecho de defensa.
Finalmente, la SIC reiteró su llamado a los proveedores de servicios móviles para que respeten las garantías que el sistema legal colombiano ha establecido en favor de los usuarios, especialmente en lo relacionado con la portabilidad numérica.
