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El Tribunal Administrativo de Cundinamarca ordenó la suspensión del trámite de la resolución del Ministerio de Ambiente que establecía lineamientos para el ordenamiento ambiental de la Sabana de Bogotá.
La decisión fue tomada por la magistrada Nelly Villamizar en respuesta a una solicitud de la Empresa de Acueducto de Bogotá, argumentando la falta de participación de entidades clave en el proceso. Ahora, el Ministerio deberá reiniciar el trámite, incluyendo en la discusión a la Corporación Autónoma Regional (CAR) de Cundinamarca, la Alcaldía de Bogotá y la Gobernación de Cundinamarca.
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Desde su presentación, la resolución generó preocupación en distintos sectores. El alcalde de Bogotá, Carlos Fernando Galán, y el gobernador de Cundinamarca, Jorge Emilio Rey, manifestaron que la medida podría afectar el desarrollo urbanístico y económico de la región.
Según Galán, el documento contempla la declaración de 138 barrios como humedales, lo que impactaría proyectos estratégicos de infraestructura, entre ellos la vía Suba-Cota, el patio-taller de la Línea 1 del Metro, el patio-taller de la Línea 2 del Metro, la Línea 3 del Metro y la ampliación de la Autopista Norte.
Durante la audiencia de este viernes, en la que participaron el Alcalde, el Gobernador y la ministra de Ambiente, Lena Estrada, se discutieron los efectos de la resolución.
La magistrada Villamizar enfatizó que la suspensión es provisional y se mantendrá hasta que las entidades afectadas puedan revisar los documentos y pruebas técnicas que sustentan la resolución.
La propuesta del Ministerio de Ambiente, impulsada en su momento por la exministra Susana Muhamad, buscaba delimitar cinco zonas de especial importancia ambiental en la Sabana de Bogotá, recarga de acuíferos, bosques naturales andinos, bosques secos subxerofíticos, humedales y áreas de amenazas naturales.
En total, 581.000 hectáreas estarían sujetas a estas medidas de protección, lo que implicaría nuevas restricciones ambientales para proyectos urbanísticos, mineros y agrícolas.
El proceso de formulación de esta resolución se convirtió en un punto de tensión entre el Gobierno Nacional y el Distrito. Mientras el Ministerio de Ambiente defiende la iniciativa como una estrategia para garantizar la sostenibilidad ambiental de la Sabana, las autoridades locales argumentan que no se han tenido en cuenta las necesidades de desarrollo urbano y movilidad de la región.
La decisión del Tribunal abre un nuevo escenario de discusión sobre el futuro de la planificación territorial en la Sabana de Bogotá.
Por ahora, el Ministerio deberá reiniciar el proceso, asegurando la participación de las entidades locales para definir una estrategia que equilibre la protección ambiental con el desarrollo urbano en la ciudad.
