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Pablo Felipe Robledo, superintendente de Industria y Comercio, reveló que la SIC formuló pliego de cargos contra 10 contratistas, 18 personas naturales y una asociación de empresarios pertenecientes al sector de alimentos, sindicados de manipular los resultados de 21 procesos de contratación pública entre 2007 y 2017.
De acuerdo con la Superintendencia de Industria y Comercio (SIC), los investigados "se repartían entre ellos las distintas zonas de Bogotá respecto a la contratación del Programa de Refrigerios Escolares, cuyos beneficiarios son más de 780 mil niños en edad escolar, matriculados en el sistema educativo oficial de la Capital de la República".
Entre los contratistas denunciados por la SIC se encuentra la Asociación Colombiana de Empresas de Proveedores de Alimentos (ASOPROVAL), la cual se habría cartelizado con "los contratistas más grandes, antiguos y consolidados del mercado", revela el informe, "para no competir por cada una de las zonas objeto de adjudicación con el objeto y/o el efecto de distorsionar o manipular el resultado de los mencionados procesos de contratación pública".
A través de estas prácticas, los investigados habrían afectado procesos de contratación pública cercano a 1.5 billones de pesos.
Contratistas involucrados
El superintendente también reveló detalles de las investigaciones en las que se encuentran involucrados los contratistas; denuncias que van desde irregularidades en contratación pública relacionadas con el PAE, hasta el presunto cartel de las raciones militares.
Un caso puntual es el de la Cooperativa Multiactiva Surcolombiana de Inversiones LTDA a cargo de Germán Trujillo Manrique, vinculada a un proceso penal por irregularidades relacionadas con el Programa de Alimentos Escolares en Santander.
Otro de los casos revelados señala a Alimentos Spress S.A.S., en cabeza de Stella Téllez Hernández, investigada por la Superindustria por el presunto cartel de las frutas.
El informe también menciona a Fabio Doblado Barreto, sancionado por la Superindustria por obstrucción de una investigación relacionada con los procesos de contratación de alimentos para personas privadas de la libertad.
Entre las investigaciones llama la atención las que se adelantan en contra de Iberoamericana de Alimentos y Servicios S.A.S., a cargo de Juan Carlos Almansa Latorre, e Industrias Alimentos y Catering S.A.S. CATALINSA S.A.S., presuntamente controlada por Hayder Mauricio Villalobos Rojas, ambos investigados por la Superindustria por el presunto cartel de las raciones militares y vinculados a la investigación que adelantó esta Superintendencia por el carrusel de la contratación de Bogotá.
La estrategia de 'proponentes únicos'
Tras un periodo de 10 años de investigación, la Superintendencia halló que a los contratistas imputados les fueron adjudicadas 178 zonas en licitaciones donde eran proponentes únicos: "aparentar o simular estar compitiendo en otras zonas, pero renunciando a hacer ofertas a la baja (lances a la baja) o inhabilitándose".
También lograron evidenciar que estas empresas, aparentemente cartelizadas, desincentivaban la competencia de terceras empresas: "cuando los investigados se enfrentaban a uno o varios oferentes no cartelizados, los porcentajes de ahorro se incrementaron sustancialmente al punto que se alcanzaronahorros de hasta el 20%, mientras que en los objetos de imputación el ahorro fue marginal".
Estas estrategias, según la SIC, "les generó mayores posibilidades de resultar adjudicatarios de los contratos del Programa con precios más elevados, en detrimento de los presupuestos oficiales, la eficiencia de los recursos del Programa de Alimentación Escolar (PAE) y del derecho del Estado a contratar, no con el único oferente, sino con el mejor oferente".
Ejercían presión sobre las entidades contratantes
El material probatorio recaudado por la SIC revela que las empresas investigadas habrían acordado "ejercer presión sobre las entidades contratantes con el fin de que éstas establecieran condiciones de contratación más favorables a los investigados".
"Para lograr este objetivo habrían acordado, entre otros asuntos, no presentarse a varios procesos de selección con el objetivo de boicotearlos y que fuesen declarados desiertos dichos procesos de contratación", dice la investigación.
Los contratistas investigados para ejercer presión a la hora de obtener contratos, según la SIC, "presentaron acciones encubiertas de tutela utilizando de manera engañosa a sus trabajadores para solicitar que se cambiaran las reglas de adjudicación alegando un supuesto riesgo de desempleo". Esta acusación recae sobre ASOPROVAL, quien habría coordinado tales acciones.
Los hallazgos
La investigación que fue liderada por el Grupo Élite contra Colusiones en Licitación Públicas de la Superindustria, entregó entre sus elementos probatorios que "los investigados celebraron reuniones, se cruzaron llamadas, correos electrónicos, mensajes de texto (SMS), mensajes de WhatsApp y documentos digitales por medio de los cuales coordinaron los acuerdos y las conductas que eliminaron la competencia entre ellos".
La Superindustria ordenó compulsar copias a la Fiscalía General de la Nación para que proceda a determinar la posible responsabilidad penal por los hechos a que hace alusión esta investigación, en especial, por el delito de prácticas restrictivas de la competencia en procesos de contratación estatal, previsto en el artículo 410 A del Código Penal Colombiano.
Posibles sanciones
De acuerdo con la SIC, de hallarse responsables tras las investigaciones y durante el proceso se declare que existió violación de las normas de la libre competencia económica, los investigados podrían pagar multas de hasta dos mil salarios mínimos legales mensuales:
- "A los agentes del mercado investigados que infrinjan las disposiciones de prácticas restrictivas de la competencia, hasta cien mil salarios mínimos legales mensuales vigentes equivalentes a $78.124'200.000 por cada infracción".
- "A las personas naturales vinculadas con los agentes del mercado que infrinjan esas disposiciones, hasta dos mil salarios mínimos legales mensuales equivalentes a 1.562'484.000".
Actualmente, contra la decisión de la Superintendencia de Industria y Comercio no procede ningún recurso.
