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Durante el noveno Encuentro de Sostenibilidad, Innovación y Desarrollo Sostenible de Camacol Regional, el socio de PGP, Juan Manuel Gonzales, expresó su preocupación por la falta de claridad en el Plan de Lineamientos Ambientales de la Sabana de Bogotá, impulsado por el Ministerio de Ambiente.
El directivo señaló que la propuesta generaría un "caos jurídico", al establecer cartografías que podrían afectar la propiedad privada y el desarrollo urbanístico.
Gonzales señaló que una de las principales dudas del sector es la clasificación de ciertas áreas como humedales sin justificación técnica clara. Puso como ejemplo la zona de Tibabuyes, que en la cartografía del Distrito Capital no aparece como humedal, pero en el nuevo documento del Ministerio de Ambiente sí.
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De acuerdo con el experto, esto podría llevar a que cientos de viviendas sean declaradas ilegales de un momento a otro, afectando su valor de mercado y generando incertidumbre para propietarios e inversionistas.
El empresario cuestionó la incoherencia entre el Ministerio de Ambiente y la exministra Susana Muhamad, quien aseguró que el plan no obligaría a desalojar a habitantes de la Sabana.
"Si no es verdad, ¿por qué lo incluyen en el documento? ¿Para qué generan una cartografía que produce incertidumbre?", preguntó Gonzales, insistiendo en que la falta de coordinación entre el texto técnico, la resolución y la cartografía, solo aumentará los conflictos legales.
Uno de los mayores temores del sector constructor es el impacto en la seguridad jurídica. Gonzales advirtió que de aprobarse el plan en su estado actual, la rama judicial podría verse colapsada con acciones populares, debido a la supuesta afectación de derechos colectivos.
“El día que salga esa resolución como está, la rama judicial se va a inundar de demandas. Esto no solo afecta al sector inmobiliario, sino también a la inversión y al desarrollo de la región”, afirmó.
Cabe mencionar que el Plan de Lineamientos Ambientales de la Sabana de Bogotá busca regular el uso del suelo con base en criterios ecológicos, pero su implementación ha generado incertidumbre entre actores públicos y privados.
Algunos municipios ya han expresado su preocupación por la falta de concertación con autoridades locales, pese a que estas cuentan con cartografía detallada de su territorio.
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Ante esa situación, el sector constructor solicitó que el Ministerio de Ambiente aclare los alcances del documento y revise las inconsistencias señaladas.
Finalmente, Gonzales insistió en la importancia de respetar los estudios previos del Distrito y de la Corporación Autónoma Regional (CAR), evitando cambios arbitrarios que puedan paralizar proyectos o afectar derechos adquiridos. “La Sabana de Bogotá necesita desarrollo, no caos jurídico”, concluyó el experto.
