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@personeriabta
24 Jul 2017 06:42 AM

Personería formuló cargos a dos exdirectivos de la empresa de renovación urbana

Estos funcionarios hicieron parte de la administración Petro.
La
Fm

La Personería de Bogotá, citó a audiencia pública para el próximo 26 de julio y formuló cargos contra el exgerente encargado de la Empresa de Renovación Urbana (ERU), Nicolás Corso Salamanca y el exdirector técnico de esa entidad, Mario Avellaneda González.

De acuerdo con la investigación, los exfuncionarios incurrieron en presuntas irregularidades en la compra de un inmueble por más de $8.000 millones y su adecuación por $7.000 millones.

Se trata de un edifico de ocho pisos de oficinas, ubicado en la Carrera 10 N° 18-15, antigua Universidad Gran Colombia, en el que se pretendía adecuar 64 apartamentos de áreas entre los 35 y 55 metros cuadrados, como proyecto de reposición de vivienda, pero se terminó aprovechando sólo 24 apartamentos y ocupando únicamente tres pisos del inmueble para albergar hogares.

El costo inicial, en 2015, era de $9.237 millones para la compra del edificio, cambio de uso, la adecuación de 64 apartamentos y un local para las oficinas del ERU y Metrovivienda. Sin embargo, el costo finalmente subió en seis mil millones más de lo previsto, por el inadvertido incremento del número y valor de las adecuaciones.

De acuerdo con la investigación a Nicolás Corso Salamanca, como gerente encargado en 2015, se le cuestiona su presunta responsabilidad en la compra del inmueble sin tener en cuenta estudios técnicos serios para determinar el estado físico y estructural del edificio. Además, por no contar con un censo real de los vinculados al proyecto e interesados en la reubicación.

En cuanto a Mario Avellaneda Gonzales, director técnico de ERU en 2015, el ministerio público Distrital encontró que, al parecer, en ejercicio de sus funciones no realizó la revisión e inspección pormenorizado del inmueble para determinar el estado físico y estructural previo a su compra.

El ente de control evidenció que en la adquisición y posterior adecuación del predio se habrían desconocido y vulnerado los principios de moralidad, eficiencia, economía y celeridad en la gestión pública.