Otros barrios aledaños a este punto de la cuidad también han sufrido por esta situación.
Otros barrios aledaños a este punto de la cuidad también han sufrido por esta situación.
Inaldo Pérez – Sistema Integrado Digital
21 Jul 2020 10:00 AM

Operador de Doña Juana se expone a sanción por posible incumplimiento de contrato

En días pasado, la DIAN anunció también sanciones contras la empresa.

La Alcaldía de Bogotá, a través de la Uaesp, abrió un proceso sancionatorio y llamó a descargos al operador CGR Doña Juana, por 13 presuntos incumplimientos graves del contrato de concesión suscrito con la ciudad en el año 2010. 

Los incumplimientos se habrían dado en la operación y manejo del relleno sanitario, en las actividades de disposición final de residuos y por el deficiente tratamiento de los lixiviados que producen.

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“Previo a la apertura del proceso, la interventoría del Relleno, Inter DJ, hizo las advertencias y recomendaciones al operador, las cuales no fueron atendidas. Ante esta situación, la interventoría hizo la solicitud formal de apertura del proceso ante la Uaesp”, señaló el Distrito. 

De los 13 cargos por presuntos incumplimientos, seis corresponden a la actividad de disposición final de residuos en el polígono concesionado al operador, entre los cuales se destacan, problemas de operación, retrasos en las obras contempladas en el contrato y en la licencia ambiental, la ausencia de una celda de emergencia para la disposición de residuos, entre otros. 

Hechos que relata el Distrito fueron evidentes tras el deslizamiento del pasado 28 de abril y que aún hoy siguen afectando la calidad de vida de los vecinos de Doña Juana. 

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“Los otros siete incumplimientos corresponden al presunto mal manejo de los lixiviados, generados en la actividad de disposición final y cuyo tratamiento actualmente se encontraría muy por debajo de las exigencias hechas por la normatividad ambiental, afectando así al río Tunjuelo donde son descargados estos líquidos”.

“Las consecuencias derivadas para el operador del relleno podrían ser la caducidad del contrato de concesión 344 de 2010 o la declaratoria de incumplimiento grave del contrato de concesión 344 de 2010", indicó.

Apuntó que "en cualquiera de los dos casos, se podría hacer efectiva cláusula penal, cuyo valor calculado de posibles perjuicios sería cercana a los 76 mil millones de pesos, y la declaratoria de siniestro amparada mediante una póliza de seguros”.