Familias de víctimas exigen coordinación entre entidades para enfrentar desapariciones forzadas en Bogotá

El Concejo de Bogotá adelantó un debate de control político encabezado por el concejal José Cuesta, sobre el caso de Harold Aroca García, joven desaparecido y asesinado en agosto pasado en el barrio Los Laches (localidad de Santa Fe).

El espacio también sirvió para que familiares de otras víctimas de desaparición exigieran avances en las investigaciones y mayor diligencia por parte de las autoridades.

Lea también: “Nunca fuimos felices”: la intervención de José Carlos Martinat en la Bienal de Arte y Ciudad BOG 25

Varias madres y cabezas de hogar denunciaron la falta de resultados en los procesos judiciales. Diana Carolina García, madre de Harold Aroca, afirmó: “La investigación no ha avanzado absolutamente nada, la Fiscalía todavía no ha dictado órdenes de captura. Yo me acerqué hace 15 días y no me tienen ninguna respuesta”.

La tía de Santiago Nicolás Ovalle, joven de 20 años desaparecido en el barrio Bilbao (Suba), cuestionó la actuación de las autoridades:

“Es evidente la negligencia, porque el comandante del CAI Fontanar respondió afirmativamente que ejecutaron un plan candado en su momento, pero aún no muestran las evidencias”, dijo.

Por su parte, la madre de Juan Pablo Icabuco, de 22 años, quien lleva 110 días desaparecido, expresó que “en la Fiscalía no nos han dicho nada, nada, nada, no se sabe nada del niño”.

Sobre las expectativas frente al debate, Diana Carolina García agregó: “Necesito resultados, no quiero que mi hijo sea una cifra más en esta ciudad”.

Más noticias: ‘Hombre araña del Siete de Agosto’ intentó escalar poste de 15 m para dañar cámara y fue atrapado

A través de un comunicado, el concejal señaló que el caso de Harold Aroca evidenció presuntas omisiones institucionales, entre ellas la no activación inmediata de los mecanismos de búsqueda urgente, la falta de recompensas oportunas y la escasa coordinación entre entidades.

El cabildo recordó que, según la normatividad vigente, las instituciones distritales y nacionales están obligadas a garantizar una respuesta rápida e integral frente a desapariciones.

Las familias cerraron su intervención con un llamado al Estado: “Que nos ayude, que nos dé una respuesta. No puede ser que tanta gente desaparecida pase como si nada”.