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Una visita sorpresa a la Unidad Permanente de Justicia (UPJ), realizada en la madrugada por el concejal de Bogotá del Partido Liberal, Germán García Maya, dejó en evidencia una grave vulneración de los derechos fundamentales en este establecimiento de detención preventiva, que siempre ha sido un mito en la capital.
Requisas al desnudo, traslado masivo e irregular de ciudadanos en camiones, uso desmedido de la fuerza por parte de algunos miembros de la Policía en contra de los conducidos, hacinamiento y equipos tecnológicos que no funcionan, son solo algunas de las irregularidades halladas en este establecimiento ubicado en la localidad Puente Aranda.
Las requisas al desnudo se hacen a altas horas de la madrugada, bajo el inclemente frío y dentro de una celda. Durante la requisa al desnudo, los conducidos son obligados a hacer cuclillas con el objetivo de que expulsen cualquier arma, estupefaciente o elemento extraño que puedan llevar al interior de su organismo.
Según el concejal Germán García Maya, “Este tipo de inspecciones que violan los derechos fundamentales deberían abolirse. La única manera de hacerlo es dotando a la UPJ y a la Policía de tecnología para realizar requisas, pero pudimos comprobar que la máquina detectora de metales no funciona, al igual que las cámaras de seguridad. Tampoco hay tablas o bastones electrónicos para detectar armas y otros elementos”.
Instalaciones y sobrecupo
Según la Personería de Bogotá, la UPJ fue construida para albergar 350 personas. Sin embargo, en 2014 fueron suprimidas las tres salas del segundo piso.
Actualmente solo funciona el primer piso y cada día son llevadas en promedio 216 personas. Lo preocupante es que un día de fin de semana la cifra de conducidos puede sobrepasar los 500, lo cual genera un sobrecupo permanente.
El concejal Germán García Maya, radicó un oficio para citar a debate de control político a las autoridades distritales y a la Policía Metropolitana de Bogotá.
