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Luego de la intervención de las autoridades distritales en el sector del Bronx, en el centro de la capital de la República, 25 personas se acercaron a la Defensoría del Pueblo para denunciar presuntos atropellos que habrían derivado en graves violaciones a los derechos humanos.
Diez ciudadanos manifestaron que en desarrollo de las acciones de ocupación, sus lugares de residencia fueron allanados y de manera agresiva les apuntaron con armas de fuego, los golpearon, los amenazaron y supuestamente recibieron descargas eléctricas.
Así mismo, aseguran haber sido despojados de sus teléfonos celulares y del dinero en efectivo que portaban al momento de la diligencia, sin que estos elementos hayan sido devueltos.
Advierten los reclamantes que se desconoció la presunción de inocencia y que en ningún momento fueron notificados del procedimiento ni los motivos para el trato recibido.
En su relato ante la Defensoría, agregaron estas personas que en el caso de sus hijos menores de edad, pese a que el ICBF comprobó que estaban en buenas condiciones de salud, debieron enviarlos al Huila con el resto de su familia, pues no les permitieron mantenerlos a su lado.
De manera similar, otras siete personas igualmente identificadas con nombres y apellidos, expresaron que hubo uso excesivo de la fuerza y que en sus lugares de habitación quedaron sus documentos y pertenencias, sin que hayan podido recuperarlas, con el agravante de que no tienen (según ellas) trabajo ni un sitio para dormir.
También se acercaron al organismo de control para los derechos humanos, tres ciudadanos que manifestaron ser víctimas del conflicto armado, con 12 años de residencia y actividades laborales en El Bronx, en calidad de arrendatarios. Afirman no tener antecedentes penales ni cuentas con la justicia y dicen que se ubicaron allí porque no tenían otra alternativa.
