Bogotá midió por primera vez su índice de transparencia y de corrupción

De las 34 entidades públicas distritales evaluadas en el Índice de Transparencia de Bogotá – ITB- 6 aparecen en un nivel de riesgo alto de corrupción, 20 en un nivel de riesgo medio y 8 en un nivel de riesgo moderado.

La calificación más baja fue para el Departamento Administrativo del Servicio Civil Distrital –DASCD– con 54 puntos sobre 100 y la mejor fue para la Secretaría Distrital de Gobierno con 82,5 puntos. Bogotá obtuvo una calificación promedio de 68,7 puntos con un nivel de riesgo medio, ubicándose un poco por encima del promedio obtenido en la medición adelantada a nivel nacional.

Dos entidades se destacan por haber obtenido más de 80 puntos y ubicarse en un nivel de riesgo moderado: las Secretarías Distritales de Gobierno y de Educación.

Esta es la primera vez que el Distrito Capital mide su riesgo de corrupción en gestión administrativa y que un actor de la sociedad civil, Transparencia por Colombia, realiza esta medición. El levantamiento de esta línea base adelantada por la alianza entre la Veeduría Distrital, la Cámara de Comercio de Bogotá (CCB), ProBogotá-Región y la Corporación Transparencia por Colombia, promoverá que las entidades puedan definir acciones de mejoramiento que se verán reflejadas en la segunda medición establecida en el Plan Distrital de Desarrollo “Bogotá Mejor para Todos 2016-2020”.

“Es la primera vez que una ciudad capital de América Latina adapta la metodología y hace la medición de riesgos de corrupción. La meta del proyecto de Transparencia de la Veeduría Distrital es que el Distrito aumente en cinco puntos el promedio del ITB en la próxima medición en 2019. Actualmente, la Entidad lidera la Política Pública de Transparencia, Integridad y no Tolerancia con la Corrupción –PPTINC- y a partir de los resultados del ITB acompañaremos las acciones de mejoramiento que realicen las entidades evaluadas”, explicó el veedor Distrital, Jaime Torres-Melo.

¿Cómo se evalúa?

Los tres factores que integran esta calificación general son: Visibilidad, Institucionalidad y Control y Sanción.

La Visibilidad mide los riesgos generados por la opacidad en la información; la Institucionalidad mide los riesgos generados por deficiencias en los procesos y procedimientos en la gestión institucional y el Control y Sanción mide los riesgos asociados a una baja cultura de autorregulación, control externo en la entidad y mecanismo de sanción por hechos de corrupción.

El de mejor calificación fue el de Visibilidad con un promedio de 79,1 puntos. Esto señala que existen avances en la implementación de la Ley 1712 de 2014 que garantiza el Derecho de Acceso a la Información Pública de los ciudadanos.

El factor de Institucionalidad ocupó un segundo lugar con 65 puntos. La alerta más importante se centra en el bajo desarrollo de algunos instrumentos administrativos para la prevención de la corrupción y en la falta de una política de largo plazo que permita blindar a las entidades de la corrupción.

Control y sanción

El factor de Control y Sanción obtuvo un promedio de 63,3 puntos, siendo el criterio con más baja calificación. Su alerta más relevante se refiere a las debilidades en la entrega de información a las entidades de control.

El 90% de los insumos para la evaluación del ITB lo aportaron las entidades. Las fuentes de información secundaria (10% restante) son las entidades de regulación y control del nivel distrital y nacional.

“La institucionalidad estatal está obligada a cerrarle el paso a la corrupción y una de las vías es mejorar los procesos de gestión administrativa. Los hechos de corrupción muestran cómo los corruptos se aprovechan de las debilidades de los procesos institucionales para apropiarse de los recursos estatales. Esta alianza permite que, con la ayuda de este instrumento de medición específico, se puedan evaluar de manera objetiva los avances que deberán desarrollar las entidades del Distrito para reducir los riesgos de corrupción”, afirmó Andrés Hernández, director Ejecutivo de Transparencia por Colombia.

“La medición del Índice de Transparecia de Bogotá es una meta del Plan de Desarrollo de la ciudad, es decir que para la Administración distrital ésta es una prioridad. Como sector privado creemos que representa un buen inicio para tomar todas las medidas necesarias para avanzar en la lucha contra la corrupción. Esperamos que la Alcaldía haga un ejercicio serio de revisión de los riesgos para lograr que Bogotá se convierta en un modelo de transparencia de la gestión pública”, sostuvo Luis Guillermo Plata, presidente de ProBogotá Región.

Para Jorge Mario Díaz, vicepresidente de Articulación Público-Privada de la CCB, “la transparencia en la administración pública es un componente esencial para la competitividad, por lo que esta medición, así como las acciones que tome el Distrito para mitigar los riesgos encontrados, son un gran paso para que Bogotá logre avanzar en el mejoramiento de su clima de negocios, un objetivo que desde la Cámara consideramos prioritario”.

Indicadores de visibilidad

El factor del ITB que obtuvo la mejor calificación para el promedio de las 34 entidades es el de visibilidad con 79,1 puntos, se ubica en el nivel de riesgo moderado de corrupción. Esto implica que existen avances frente a la implementación de la ley 1712 de 2014, lo cual es una condición necesaria para la garantía del Derecho de Acceso a la información pública.

Se destacan en este factor con una calificación en riesgo bajo, las Secretarías de Integración Social, Hábitat, Mujer, Gobierno y General. La apertura de datos no es todavía una práctica generalizada en las entidades evaluadas, particularmente sobre la información presupuestal y financiera, en la que tan solo el 15% de las entidades cuenta con este documento en formato reutilizable para la vigencia 2016 y 9% para la vigencia 2017.

En cuanto a la divulgación de bienes y servicios al ciudadano, especialmente lo relacionado con la publicidad por medios distintos a la web, la calificación es de 54.2 puntos, lo que significa un nivel de riesgo alto y, por tanto, una de las tareas pendientes para las entidades distritales.

Indicadores de institucionalidad

La calificación de este factor es de 65 puntos y ubica al Distrito en un nivel de riesgo medio. Se destacan en este factor, con una calificación en riesgo moderado, las Secretarías de Gobierno, Educación, Integración Social y Movilidad, el IDPAC y la Veeduría Distrital.

En cuanto a la conformación del talento humano, la relación entre funcionarios de la planta de personal y contratistas, muestra que los últimos representan el 64,8%. De las 24 entidades distritales que afirmaron haber vinculado contratistas, 21 superan el 30% de participación de éstos sobre el total de personas que trabajan en la entidad.

El promedio del indicador de gestión de la contratación presenta un riesgo moderado de corrupción con 81,5 puntos. Esto implica fortalezas para el Distrito, específicamente en la planeación contractual. Así mismo la baja recurrencia en el uso de la contratación directa, se refleja en que el 82% de las entidades emplean esta modalidad en menos del 45 % de sus contratos. Solo el Concejo de Bogotá y la Secretaría Distrital del Hábitat cuentan con una política orientada a la lucha contra la corrupción. Aunque no es una medida obligatoria, sí constituye una buena práctica frente a su alcance.

El 100% de las entidades identificó, priorizaró o mitigó riesgos, pero solo el 58,8% incluyó metas o indicadores en su Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano -PAAC.

Indicadores de control y sanción

La calificación de este factor es de 63,3 puntos y ubica al Distrito en un nivel de riesgo medio. · En este factor se destacan, con una calificación en riesgo moderado, las Secretarías de Educación, General, Gobierno y Ambiente. El 52,9% de las entidades desarrolla un tratamiento específico para PQRS relacionadas con corrupción.

La gestión de denuncias e investigaciones por hechos de corrupción ubica al Distrito en nivel alto de riesgo de corrupción, por la ausencia de procesos y procedimientos de protección al denunciante. Sobre la rendición de cuentas, el 58,8% contó con una estrategia y un 29,4% trató las temáticas mínimas en su informe de gestión.

El control interno de gestión para las entidades distritales tiene un desarrollo destacado en el Distrito, ubicando este indicador en el rango bajo de riesgo de corrupción. 95,6% de las entidades articula el Control Interno de Gestión con el PAAC de la entidad.

Escuche a Andrés Hernández, director de Transparencia por Colombia

La Secretaría de Educación

El gobierno del alcalde Enrique Peñalosa asumió el reto de medir, por primera vez, cómo están las entidades del Distrito en materia de lucha contra la corrupción. En 2017 se realizó la medición del Índice de Transparencia en las entidades distritales del sector central de la Administración de Bogotá, el cual consistió en el levantamiento de las evidencias en torno a tres ejes: Visibilidad, Institucionalidad y Control y sanción.

En el Índice Bogotá obtuvo, en promedio, 68,7 puntos sobre 100, un valor superior al que obtuvo el resto del país y municipios en la pasada medición sobre transparencia (56,8 puntos). Este instrumento midió entidades del orden nacional, alcaldías y gobernaciones, estableciendo perfiles y niveles de riesgo de corrupción en cada institución evaluada.

La Secretaría de Educación de Bogotá, que maneja 3.8 billones de pesos, con 35.000 colaboradores entre profesores, rectores y personal administrativo, se ubicó entre las 3 primeras entidades con menor riesgo de corrupción, gracias a un las buenas prácticas que el Gobierno del alcalde Enrique Peñalosa ha impulsado para garantizar una gestión eficiente y transparente de los recursos destinados a brindar educación de calidad a niñas, niños y jóvenes de toda la ciudad.

Con una calificación de 80,5 puntos sobre 100, la Secretaría de Educación del Distrito se ubicó como la segunda mejor entre las 34 entidades del Distrito evaluadas en el Índice de Transparencia de Bogotá -ITB-. Este resultado es fruto de un trabajo muy importante en varios frentes y de tener como prioridad que una mejor gestión, es mejor educación.

Para ello cabe resaltar las siguientes medidas adoptadas:

Una política interna a nivel de contratación, incluyendo la transmisión en vivo de las audiencias para la contratación de la entidad, la implementación de pliegos tipo para estandarizar los procesos de contratación en la entidad; la implementación de acuerdos Marco de precios, convirtiéndonos en la entidad pionera con mayor número de operaciones en Colombia Compra Eficiente, lo que incluyó el nuevo modelo de contratación para el Programa de Alimentación Escolar (PAE), tal vez uno de los más comentados en materia de corrupción en las regiones, mientras el de Bogotá es destacado como ejemplo nacional.

Sumado a lo anterior, están las medidas tomadas para hacer una ejecución proa y eficaz de los recursos, logrando ser por dos años consecutivos una entidad que supera el 99 % de ejecución y las más bajas reservas presupuestales, apuntándole al cumplimiento de las metas formuladas en el Plan de Desarrollo.

A esto se suma que la Contraloría de Bogotá estableció tras 17 años que el manejo de la información presupuestal de la Secretaría eficiente y el manejo contable presenta opinión limpia. Es decir que la información cumple con los principios de eficacia y eficiencia en su Auditoría de Regularidad al ejercicio financiero de la vigencia 2017.

A nivel de talento humano se hizo un esfuerzo muy importante al traer a la Secretaría de Educación la implementación de sistemas de información como ‘Humano’ y ‘APPlica’, de manera que se hicieran transparentes todos los procesos de nómina y se ofrezca mayores y mejores servicios a los maestros, como la rápida publicación y asignación por idoneidad de perfiles a las vacantes temporales.

Asimismo, se realizó una revisión y reducción, con sentido, del número de contratistas y sus objetos para aportar a una política de calidad con austeridad, que diera cuenta de los procesos del Plan de Desarrollo.

Otro aspecto importante, que impacta positivamente a los maestros, padres de familia y a los bogotanos, es la permanente modernización de la Oficina de Atención al Usuario, que incluye la virtualización de 38 trámites, logrando oportunidad en la respuesta a los requerimientos de los padres y docentes. Al tiempo que se descentralizó la atención y se llevó a los colegios públicos y las direcciones locales de educación.

Todas estas acciones se han visibilizadas en espacios de diálogo ciudadano: Audiencias Públicas de Rendición de Cuentas, audiencias ciudadanas y espacios web, que permiten al país no solo conocer la políticas, sino opinar sobre ellas y tener de primera mano las cifras y los avances de manera oportuna, clara y adecuada.