Admitieron demanda que interpuso Miguel Uribe Turbay en contra del POT de Bogotá

El senador Uribe insistió en que este POT es ilegal porque la mandataria de la ciudad no tenía la competencia para expedir la norma.
Claudia López y Miguel Uribe Turbay
Claudia López y Miguel Uribe Turbay Crédito: Captura de pantalla

El Juzgado Quinto Administrativo de Bogotá admitió la demanda que interpuso el senador electo Miguel Uribe Turbay en contra del Plan de Ordenamiento Territorial (POT) que fue emitido por decreto en la capital de la República, por parte de la alcaldesa Claudia López.

Adicionalmente, el juzgado expidió otro auto con el cual se ordena correr traslado al Distrito de la solicitud de medidas cautelares, que había sido presentada en conjunto con esta demanda, para que se decrete la suspensión del POT mientras se resuelve de fondo la acción judicial.

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El senador Uribe insistió en que este POT es ilegal porque la mandataria de la ciudad no tenía la competencia para expedir la norma, luego de que en el Concejo no pudiera sacarlo como un proyecto de acuerdo.

“Celebro esta decisión que admite la demanda en contra del Plan de Ordenamiento Territorial de Bogotá, que fue expedido ilegalmente y sin competencia por parte de Claudia López. Una vez sea notificado de este auto al distrito, se tendrán 30 días para contestar la demanda”, explicó.

Sobre las medidas cautelares, el dirigente político explicó que son para evitar que la ciudad se vea perjudicada con una medida que es completamente irregular.

“Que se suspendan los efectos del POT mientras se dicta sentencia de fondo. El Distrito tendrá cinco días para pronunciarse una vez sea notificado sobre las medidas cautelares”, afirmó.

“Demandé el Plan de Ordenamiento Territorial de Claudia López por el costo social y ambiental que representa la ciudad y la región, impidiendo la reactivación económica, imponiendo una carga en la sabana y adicionalmente condenando a los bogotanos al subdesarrollo”, sostuvo.

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La alcaldesa de Bogotá, Claudia López, tuvo que firmar el POT por decreto en la capital del país, luego de que el Concejo de la ciudad no pudiera aprobarlo en el tiempo que establece la ley, tras no lograrse el consenso necesario entre los cabildantes para sacarlo adelante.


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