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Las 60 víctimas del conflicto, que meses atrás viajaron a La Habana para dar su testimonio ante los negociadores, destacaron la importancia del pacto "para el reconocimiento y respeto pleno de los derechos humanos y del Derecho Internacional Humanitario en Colombia".
"Este es un paso decisivo, en la medida en que significa un modelo con perspectiva de justicia restaurativa que puede permitir que las sanciones devengan en aportes efectivos a la reparación, a la no repetición y a la construcción de la paz", indicaron en un comunicado.
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El gobierno de Juan Manuel Santos y las Farc, anunciaron la creación de una Jurisdicción Especial de Paz para todos los actores de la conflagración interna en Colombia, tanto guerrilleros como agentes del Estado y particulares vinculados al conflicto, y marcaron como fecha límite para la firma de un acuerdo final el próximo 23 de marzo.
Este consenso, así como la creación de una Comisión de la Verdad, también acordada en junio en La Habana, "abren la oportunidad histórica para que se dé un reconocimiento pleno de las responsabilidades, desde el Estado, las Farc, y todos los grupos y personas involucrados con el conflicto", agregó el texto, leído por la periodista Jineth Bedoya, secuestrada y violada por paramilitares de derecha en el año 2000.
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Además, las víctimas exigieron "con la mayor celeridad" avanzar en un acuerdo integral sobre el tema de las víctimas, cuarto punto de la hoja de ruta del proceso de paz y que incluye los temas de reparación y garantías de no repetición.
El acuerdo sobre justicia establece que quienes reconozcan su responsabilidad en crímenes y cooperen con la justicia tendrán penas de hasta ocho años de privación de libertad. Quienes no lo hagan y sean declarados culpables, enfrentarán hasta 20 años de prisión ordinaria.
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