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Así lo decidió la Sala Constitucional, según expresa en un comunicado, en ponencia conjunta de las magistradas y magistrados que la integran, en las sentencias números 1545, 1546, 1547 y 1548.
Se estableció el estado de excepción en los municipios Catatumbo, Jesús María Semprún, Machiques de Perijá, Rosario de Perijá, Jesús Enrique Lossada, La Cañada de Urdaneta y Colón del estado Zulia, así como los municipios Páez, Rómulo Gallegos y Pedro Camejo del Apure.
El documento añade que lo acordado "resulta proporcional, pertinente, útil y necesario para el desarrollo integral del derecho constitucional a la protección por parte del Estado".
Bajo este marco legal se establece que las autoridades venezolanas "ejecutarán registros" para investigar "graves ilícitos administrativos" contra "las personas, su vida, integridad, libertad o patrimonio", así como delitos relacionados con la "Seguridad de la Nación", el "orden socioeconómico", la identidad y el "orden migratorio".
También se señalan restricciones al tránsito de mercancías y bienes, por lo que las autoridades podrán revisar equipajes y vehículos.
Todo lo anterior podrá realizarse "sin la necesidad de una orden judicial previa", aunque se aclara que en todo el procedimiento se respetará "de forma absoluta" la dignidad de las personas, advierte el documento.
La decisión de Maduro fue justificada como una de las herramientas implementadas por el Ejecutivo para luchar contra el contrabando y el crimen organizado que, según las autoridades, tenía tomado el control de la zona.
La medidas del Gobierno venezolano incluyen además el cierre del paso fronterizo y el libre tránsito de ciudadanos.
Los gobiernos del colombiano Juan Manuel Santos y el de Maduro empezaron un conjunto de reuniones para intentar regularizar la situación limítrofe, aunque hasta el momento no se conocen los avances precisos de esos encuentros.
Actualmente y por decisión del gobierno de Maduro las dos terceras partes de los 2.219 kilómetros de la frontera de Colombia con Venezuela están cerradas.
Venezuela comenzó con este tipo de medidas poco después de que tuviera lugar un ataque contra militares venezolanos en agosto pasado que Maduro adjudicó a presuntos paramilitares colombianos.
