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El Cementerio del Sur es más gris a las afueras que entre sus pasillos. El humo de la localidad Antonio Nariño y el cielo característico de Bogotá contrastan con las flores que bailan con la brisa al pie de las bóvedas. El camposanto es señero, una topada de desconocidos protegidos del frío cuyo descanso cada tanto se ve interrumpido.
Al frente del pabellón veintinueve, Santa Rosita, hay una capilla. A su derecha, una modesta reja blanca con un letrero de acceso restringido divide el sendero que guía a una carpa, también blanca, que funciona como refugio de la lluvia o el sol. Una odontóloga, una médica y tres antropólogas, todas forenses, estudian tres cuerpos.
Cuerpo 5, Cuerpo 1 y Cuerpo sin etiqueta murieron en 2002. Sus restos óseos yacen sobre tres especies de andas en las que el papel kraft ejerce como sábana. Un escritorio vale para etiquetar ciertas partes de los esqueletos, desde la mandíbula hasta las falanges, y otro, para anotar resultados en libretas o en un computador.
Junto al año de su muerte aparece el número de su necropsia, una ralea que certifica su partida. A las forenses les importa: son las únicas que saben a detalle qué les ocurrió. Las fichas de los decesos han de compararse con un universo de más de 135 mil personas desaparecidas en el marco del conflicto armado.
Santa Rosita está lleno de bóvedas cuyos dolientes son carpetas apiladas en bodegas abúlicas. “Bolsa sin información”, se lee en una de ellas, al lado de “NN Hombre 3141/02”, “NN Femenino 3181/02” y “NN Hombre 3208/02”. El violento trasegar de la historia colombiana abre posibilidades para ellos al tiempo que las cierra.
En 2024 la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP) decretó medidas cautelares sobre el Cementerio del Sur. El Tribunal prohibió la exhumación, reubicación o manipulación de los cuerpos no identificados y los identificados no reconocidos. Desde entonces, la Unidad de Búsqueda de Personas dadas por Desaparecidas (UBPD) escarba.
Cuando la justicia decide proteger a los muertos y los desconocidos
La JEP respondió así a una solicitud del Movimiento de Víctimas de Crímenes de Estado (Movice), que rastrea a víctimas de desaparición forzada tras la toma y retoma del Palacio de Justicia. La Rama Judicial estima que 94 personas murieron en el asalto guerrillero y la ulterior operación militar, y Medicina Legal identificó a 68.
Todos los empleados de la cafetería del edificio de piedra caliza ingresaron con vida aquel 6 de noviembre de 1985, y todos resultaron con un paradero desconocido, igual que varios visitantes. Entre los cadáveres sin identificar y las personas a las que el Ejército condujo sin informarles un rumbo, las familias no terminan de escudriñar.
Pilar Navarrete buscó por 31 años. Su esposo, Héctor Jaime Beltrán Fuentes, tenía veintiocho cuando un comando del M-19 convirtió en un acto terrorista la consigna de llamar a juicio al entonces presidente, Belisario Betancur. Su hija Evelyn tenía cinco meses; Dayana, dos años; Stephany, tres, y Bibiana Karina, cinco.
En 2014 la Corte Interamericana de Derechos Humanos (Corte IDH) condenó al Estado colombiano por la desaparición de diez personas, las detenciones y torturas de otras cuatro, y la ejecución extrajudicial de un magistrado. Como medida de reparación, ordenó revisar las entregas erróneas de cuerpos a varios buscadores.
La determinación llevó a Pilar y su familia a notar que los restos de Héctor terminaron en manos del hogar del magistrado Julio César Andrade Andrade, en el Atlántico. La identificación solo tuvo en cuenta el trozo de un pantalón y una cédula calcinada. “Ahora él es el desaparecido”, le dice Navarrete a La FM, refiriéndose al togado.
Desaparecidos, errores e historias intercambiadas
“Creo que nos ha unido un lazo como de amor y de compromiso con Gabriel, con Julio César, con Diana”, tres hijos del magistrado, “que siguen en esta labor”. También con la esposa del jurista, Fanny Esther Sulbarán, “que es una mujer con muchos años encima y ha sufrido mucho todo este dolor, revictimización tras revictimización”.
Héctor Jaime y Julio César salieron vivos del Palacio de Justicia. Pilar presume que el Ejército torturó a su esposo, y el alivio de haberlo recibido no obsta para que siga su tarea de buscadora. “Lo que me impulsa a seguir esto es que lo viví, y lo viví muy fuerte. Quedé muy sola con cuatro niñas, con la esperanza todos los días”, expresa.
Navarrete estuvo el 24 de febrero en el Cementerio del Sur. La UBPD empezó el 17 una intervención que por diez días revisó bóvedas con potencial forense, con la vigilancia del Movice. La Unidad ha identificado más de 2.500 protocolos de necropsia asociados a cuerpos inhumados entre 1996 y 2012, años críticos del conflicto armado.
Entre las varias intervenciones de la Unidad de Búsqueda en el cementerio, los únicos días que no abordan bóvedas y cadáveres son los lunes, cuando las almas desamparadas son más receptivas a las ofrendas y los favores de protección. Las intervenciones espirituales se tornan en reales el resto de la semana.
Los diez días de febrero abarcaron la tercera fase de un proceso de escarbadura en medio de un plan regional de búsqueda de más de siete mil personas dadas por desaparecidas en Bogotá y Cundinamarca. El equipo de cuatro mujeres forenses y un coordinador abrió dos bóvedas para revisar catorce inhumaciones.
La carpa blanca donde el conflicto sigue abierto
En octubre de 2024, dos meses después de las medidas cautelares que ordenó la JEP, la Unidad lanzó una fase piloto junto a la Corporación Humanitaria Reencuentros, una oenegé de firmantes de paz que busca de forma humanitaria a personas que en muchos casos ellos desaparecieron. La alianza recuperó tres cuerpos.
Luego, en 2025, vinieron otras dos fases, y la tercera se desarrolló en febrero de 2026. La recuperación de catorce cuerpos era necesaria para separar seis en particular. “Encontramos cinco”, narra Alberto Moreno, coordinador del grupo de trabajo de la UBPD en Bogotá y Cundinamarca. “Eso nos abre dos líneas de trabajo”, señala.
Una, “seguir investigando dónde está el sexto cuerpo”, y otra, la “verificación de correspondencia”, que significa explorar si sus datos corresponden a los que Medicina Legal anotó en sus informes. Las expediciones en el camposanto a veces chocan con restos revueltos entre sí y confusiones como la que padeció Pilar Navarrete.
Cuerpo 5, Cuerpo 1 y Cuerpo sin etiqueta podrían ser de “personas mayores de edad que participaron en las hostilidades”, apunta Moreno en La FM, o podrían ser personas orientadas a unas cuatro categorías de investigación. En todo caso, el resultado se publicará en la estrategia Búsqueda Inversa de la entidad.
La iniciativa hace lo contrario a la búsqueda tradicional: toma los datos analizados en las prospecciones o en las búsquedas en terreno y los publica en una base de datos. En vez de que los familiares sean quienes presenten las solicitudes para inquirir, la UBPD abre sus puertas para entregar dignamente los restos.
El Cementerio del Sur es “un microuniverso del conflicto armado”, describe Alberto Moreno. Las personas sepultadas no son solo de Bogotá, sino de varias regiones. Los pabellones Virgen del Milagro, San Martín y Santa Rosita son fosas comunes estatales. En la carpa blanca las forenses toman nota de heridas. Las flores, alrededor, no figuran en los informes.
