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La Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres (UNGRD) buscará suspender, mediante una medida cautelar, el contrato de más de $42.000 millones destinado a la instalación de plantas desalinizadoras en La Guajira.
La solicitud será presentada en audiencia pública el próximo 23 de diciembre, argumentando presuntas irregularidades y un posible interés ilícito en la adjudicación del proyecto.
El contrato, firmado el 9 de febrero de 2024 bajo la dirección de Olmedo López, tiene como objetivo construir tres plantas desalinizadoras con energía solar autónoma para abastecer de agua potable a los corregimientos de Bahía Honda, Irraipa y Puerto López, además de Puerto Estrella.
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A pesar de la importancia del proyecto para la región, las investigaciones de la Fiscalía General de la Nación y otros entes de control identificando posibles sobrecostos y anomalías en el proceso de contratación.
Este contrato fue señalado durante la reciente audiencia de imputación de cargos contra Olmedo López, Sneyder Pinilla y Luis Eduardo López Rosero, quienes están vinculados a presuntos actos de corrupción relacionados con la gestión de la entidad.
El director de la entidad Carlos Carrillo señaló que, "vamos a tramitar en audiencia publica la suspensión de las plantas desalinizadoras, que suman un total de 42.000 millones de pesos, firmado por Olmedo López este año".
De acuerdo con la entidad, no realizaron ningún desembolso hasta la fecha, pero según el director el contratista hizo presión por parte del contratista para que se ejecute el pago inicial.
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Esto refuerza la necesidad de tomar medidas cautelares para proteger los recursos públicos, según indicó Carlos Carrillo Arenas, actual director de Gestión del Riesgo, señaló que, “nuestro compromiso con la transparencia y la eficiencia en el uso de los recursos es inquebrantable. No cederemos a las presiones de contratistas inmersos en escándalos de corrupción”, afirmó Carrillo.
Finalmente, el director de la entidad señaló que la medida cautelar busca detener cualquier avance en la ejecución del contrato mientras continúan las investigaciones. La Unidad Nacional para l gestión del Riesgo enfatizó que el proyecto debe ajustarse a los principios de legalidad y eficiencia para garantizar que los fondos públicos sean empleados en beneficio real de las comunidades vulnerables.
