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La Corte Constitucional tumbó el último decreto que quedaba pendiente por resolver de la declaratoria del presidente Gustavo Petro de emergencia económica y social en el departamento de La Guajira.
El decreto que estaba pendiente era el que establecía medidas especiales en materia turística para beneficiar la reactivación de la economía del departamento.
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La Corte consideró que el decreto en estudio no guardaba ninguna relación con la emergencia humanitaria de La Guajira, generada por la falta de agua, por lo que determinó que esta iniciativa del Gobierno Nacional no cumplía con el presupuesto para mantener efectos diferidos de esa medida.
"La sala verificó la absoluta ausencia de conexidad externa entre el decreto matriz de la Emergencia Económica, Social y Ecológica y el decreto examinado, en cuanto a la amenaza de agravamiento de la crisis humanitaria por la menor disponibilidad de agua", se indican en el pronunciamiento del tribunal.
Esta determinación es el resultado de la caída del decreto madre que fue emitido por el presidente Gustavo Petro que declaró originalmente la emergencia y que fue tumbado por los magistrados de la Sala Plena en octubre del 2023.
Durante todo el 2023, el tribunal resolvió el control constitucional de esos decretos, en los que la mayoría fueron anulados por no guardar relación con la emergencia por falta de agua y por consecuencia de la caída de las disposiciones originales.
Por decisión de la Sala Plena, los únicos decretos que tendrían efectos diferidos por un año mientras el Gobierno Nacional trabaja articuladamente para resolver las situaciones que afectan a la población de La Guajira fueran resueltos con gestión territorial y nacional.
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Los decretos que, a pesar de que se hundieron tendrán efectos hasta mediados del 2024, son los que están relacionados con medidas para mejorar el derecho del acceso al agua y las medidas especiales en materia de agricultura para el tema de la alimentación.
