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El principal motivo por el que el Consejo de Estado hundió la implementación del taxi inteligente en Bogotá fue porque el Ministerio de Transporte publicó una resolución para reglamentar este tipo de servicios sin contar con un concepto de la Superintendencia de Industria y Comercio (SIC), el cual era necesario para implementar la medida.
Tanto el Distrito como la cartera esperaban que su opinión fuera favorable. Sin embargo, en las últimas horas la SIC presentó su concepto, en el cual hace fuertes señalamientos frente a las posibles afectaciones al derecho de libre competencia.
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De esta manera, la SIC señaló que "las normas distritales se centran en definir características de las plataformas y no en los objetivos de la política pública que debe perseguir el servicio público de transporte".
Para la Superintendencia, la normativa de cambiar el cobro de la tarifa, pasando del taxímetro a las tabletas inteligentes, estaría concentrando el servicio en quienes tengan instaladas estas plataformas tecnológicas, las cuales, en su opinión, debían cumplir con demasiados requisitos.
Pero este no fue el único reparo de la SIC a la medida. A esto se suma que se considera injustificado el uso de la plataforma tecnológica porque, asegura, no cumpliría con una regulación técnica.
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También manifestó que la resolución del Ministerio pretende regular el servicio básico de taxi incluyendo componentes de un servicio de lujo, lo cual podría ser ilegal. Los sobrecostos para los usuarios y el valor de la instalación del sistema también fueron puntos tocados por la SIC.
Este concepto es requisito para la nueva resolución que presentará el Ministerio. Sin embargo, y a pesar de que no fue favorable, la SIC destacó que el documento no es vinculante, lo que quiere decir que la cartera de Transporte todavía puede radicar la nueva resolución.
