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La Superintendencia de Transporte contestó a una serie de cuestionamientos de la Procuraduría sobre el proceso de disolución y liquidación de la concesionaria Ruta del Sol de Odebrecht, luego de la polémica que se desató por supuestos pagos que tendría que hacer el Estado a los bancos que financiaron las obras que sí se hicieron.
En el documento, que firma Carmen Ligia Valderrama, superintendente de Transporte, se niega que el organismo haya tomado alguna decisión de pagos a favor de la concesionaria.
Al contrario, la Superintendencia precisó que con la disolución y convocatoria a liquidación se deberá preservar el patrimonio de la empresa para que con él se responda a los acreedores, incluyendo al Estado.
El Gobierno nacional había revelado el martes que se cayó la negociación que se estaba adelantando directamente con el sector financiero sobre la deuda de Odebrecht, por los intereses generados en el mega proyecto de infraestructura de la Ruta del Sol II.
La ministra de Transporte, Ángela María Orozco, afirmó desde Beijing (China) que la última palabra la tendrá el próximo 6 de agosto el Tribunal de Arbitramento.
“Hay algo que debe quedar claro: el Gobierno Nacional no ha desistido de la negociación con los bancos frente a la deuda por los intereses. El Tribunal de Arbitramento tomará una decisión final al respecto, nosotros seguimos en la política de salvaguardar los intereses de los colombianos”, sostuvo Orozco, quien acompaña la visita del presidente Iván Duque a China.
Ante la pregunta que hizo la Procuraduría sobre si se derivan nuevos pagos de esa acción de la Superintendencia de Transporte, la entidad respondió: “Ninguno. La disolución de la sociedad y consecuente convocatoria a liquidación no implica reconocer dinero o pago alguno a favor de la concesionaria”.
La decisión de la Superintendencia para liquidar la Concesionaria se tomó el pasado 19 de julio en la resolución 4705 “por la cual se decreta la disolución de la sociedad concesionaria Ruta del Sol y en consecuencia se convoca al trámite de liquidación”.
La Superintendencia ha explicado que esa decisión se dio por “la imposibilidad en que se encuentra en la ruta del sol II para desarrollar su empresa social”, esto es falta de presupuesto.
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“La concesionaria continua soportando una situación crítica de orden financiero, jurídico y administrativo”, señala el documento.
Lo que la Superintendencia concluyó es que la entidad “no cumple con la hipótesis de negocio en marcha (...) lo que implica que la sociedad no tiene alternativas reales”
El próximo 6 de agosto un Tribunal de Arbitramento deberá decidir sobre el costo real de las obras realizadas por la concesionaria y el monto que se podría pagar a los bancos de buena fe, que prestaron su capital.
