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Los viejos buses de transporte público que hacen parte del SITP provisional seguirán circulando por las calles de Bogotá al menos un año más. Así se dio a conocer por medio de una resolución emitida por la Secretaría de Movilidad, que suspendió el desmonte de las rutas hasta el 14 de septiembre de 2019.
Esta decisión se toma luego de que Transmilenio comunicó a la administración distrital que no cuenta con la capacidad financiera, de flota y operativa para reemplazar los recorridos que actualmente operan estos buses, cuyos conductores todavía reciben el dinero de cada pasaje.
Ahora, el Distrito deberá buscar una estrategia con el fin de reunir los puntos necesarios para continuar con el desmonte y garantizar que todas las rutas que operan en la ciudad funcionen con el SITP.
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De acuerdo con la resolución, la estrategia deberá involucrar "aspectos técnicos, jurídicos y económicos que, en todo caso, tienen como principio minimizar el impacto generado en los usuarios de transporte público".
El plan de desmonte del SITP provisional se inició en marzo atendiendo a una solicitud de la Superintendencia de Puertos y Transporte. Sin embargo, en los últimos seis meses fue objeto de diversas controversias.
El tema enfrentó en más de una oportunidad a la administración distrital y la Superintendencia. Esto luego de que usuarios, organismos de control y algunos sectores en el Concejo de Bogotá aseguraron que muchos buses eran sacados de circulación, pero no se reemplazaban por los servicios zonales del SITP, lo cual afectaba la movilidad de los ciudadanos.
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Además, se recibieron quejas por parte de usuarios que afirmaron que los que sí eran reemplazados no circulaban con las frecuencias necesarias, ya que en algunos casos los tiempos de espera son hasta de media hora.
Sin embargo, el secretario de Movilidad, Juan Pablo Bocarejo, explicó que la demora en la integración se debía a que el Distrito en este momento no cuenta con los recursos suficientes para comprar nuevos buses.
En total son 5.512 vehículos los que siguen circulando en Fontibón, Suba Centro y Perdomo, para lo cual se requiere una inversión de al menos $900.000 millones.
