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El presidente Juan Manuel Santos dijo en Barranquilla: "a usted lo designé en su cargo para que cumpla una responsabilidad y una misión, que son muy importantes para el buen desarrollo de la sociedad (...) siga cumpliéndolas, con decoro, con independencia, con apego a la ley, que para eso lo nombré".
Y agregó: "a todo ciudadano, a todo empresario, se le debe, se le tiene que garantizar su derecho a la defensa y su sagrado derecho al debido proceso (...) ¡De eso se trata el Estado de derecho! Y esas son las reglas de juego sólidas y claras de un país que le apuesta al crecimiento con inclusión social".
Estas declaraciones del Jefe de Estado se dan luego de que en un concepto de 46 folios, la Procuraduría General de la Nación informara a la Superintendencia de Industria y Comercio que la multa que fue impuesta al sector azucarero no fue ajustada a la legalidad.
"Pues no se evidencia la rigurosidad fáctica y jurídica que sustente y soporte la gradualidad y dosimetría de la sanción", señala el Ministerio Público.
Asimismo, la Procuraduría aseguró que falló el debido proceso: "en consecuencia se advierte una violación al derecho a la defensa de los ingenios sancionados, ya que limita la posibilidad de controvertir los hechos y las pruebas".
De igual manera, el concepto hace énfasis en que los azucareros no pudieron conocer algunas pruebas con las que fueron sancionados.
El documento emitido por la Procuraduría se encuentra en el despacho del Superintendente de Industria y Comercio, quien analiza en segunda instancia las decisiones tomadas respecto a las millonarias multas en contra de los azucareros que ascienden a los 320 mil millones de pesos.
