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El presidente Juan Manuel Santos anunció que para evitar darles beneficios a los corruptos, el Gobierno presentará en los próximos días un proyecto de ley que busca reformar la rebaja de penas para quienes acepten cargos por corrupción y eliminar la casa por cárcel.
De acuerdo con Santos, muchas personas aceptan los cargos por corrupción para obtener estos beneficios, como sucedió con el exviceministro de Transporte, Gabriel García, en el caso de Odebrecht.
“Un informe del Observatorio Anticorrupción de la Presidencia indicó que el 50% de los condenados por delitos de corrupción no pagan un solo día de cárcel y el 25 % reciben el beneficio de casa por cárcel y el 25 % restante que va a la cárcel solo permanece recluido unos 22 meses”, dijo Santos.
Es por esto que el presidente anunció que estos beneficios no están ayudando a descongestionar la justicia y no está sirviendo para disuadir a los corruptos.
Santos dijo que con la modificación de la rebaja de penas y la eliminación de casa por cárcel por corrupción se podrá combatir de mejor manera este delito que le cuesta billones de pesos al país.
El primer mandatario sancionó el decreto para regular contratación directa con entidades sin ánimo de lucro. Santos sancionó el decreto que modifica el régimen de contratación directa entre el Estado y las entidades sin ánimo de lucro en el país.
De acuerdo con el presidente, con este decreto habrá una regulación para que las entidades sin ánimo de lucro tengan contratos con el Estado, debido a que era un foco de corrupción.
“Con esta reforma frenamos en seco los abusos en la contratación directa con estas entidades sin ánimo de lucro que han causado la pérdida y desviación de billones de pesos anuales que debían ir a la población más vulnerable”.
Además, Santos explicó que este decreto “nos sirve para identificar y rastrear los recursos que se ejecutan a través de subcontratistas, que muchas veces son los verdaderos dueños de los negocios y usan estas fundaciones fantasmas para contratar”.
Con esta modificación las entidades nacionales y regionales no podrán escoger a dedo las empresas prestadoras de algún tipo de servicio, por ejemplo, en alimentación escolar.
