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El concejal de Bogotá, Julián Uscátegui, denunció la existencia de más de 100 rumbeaderos ilegales disfrazados de sedes sindicales en la ciudad. Estos establecimientos fraudulentos, ocultos tras la apariencia de sindicatos, operarían al margen de la ley y llevarían a cabo actividades que ponen en riesgo la seguridad.
Según el Concejal, algunos individuos han aprovechado esta figura legal de sindicatos para abrir bares y rumbeaderos ilegales, evitando así la vigilancia y el control de las autoridades distritales y la Policía Nacional.
De acuerdo con informes de la Policía Metropolitana de Bogotá (MEBOG), se han identificado 108 bares clandestinos camuflados como sedes sindicales en el año 2023. Y a pesar de los esfuerzos por combatir esta actividad ilegal, 96 de estos establecimientos aún continúan en funcionamiento.
Uscátegui resaltó que la problemática radica en las limitaciones que enfrentan las autoridades para intervenir en estos lugares.
“La falta de acceso por parte de las autoridades distritales y la Policía de Bogotá ha permitido que estos establecimientos operen sin horarios ni restricciones, generando graves problemas de seguridad y convivencia en la ciudad. El consumo y venta de sustancias psicoactivas, así como la prestación de servicios sexuales pagos, son solo algunos de los delitos asociados a estos rumbeaderos ilegales”, dijo.
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Las localidades con mayor presencia de bares disfrazados de sindicatos son Ciudad Bolívar con 18 establecimientos identificados, seguida por Antonio Nariño, Chapinero, Mártires y Teusaquillo con 10, 10, ocho y siete respectivamente.
Ante esta situación, el concejal ha manifestado su indignación y ha instado a las autoridades a tomar medidas contundentes: "Es inaceptable que los barrios residenciales tengan que soportar la operación ilegal de rumbeaderos y que las autoridades no puedan tomar acción al respecto. Vivir entre ruido, alcohol, drogas y prostitución no mejora la calidad de vida de los bogotanos".
El concejal Uscátegui concluyó con un llamado a la Alcaldía Mayor de Bogotá para que se establezca una estrategia conjunta con el Gobierno Nacional, con el objetivo de cerrar estos establecimientos ilegales y garantizar el cumplimiento de la ley.
