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Tras las presencia de grupos armados ilegales y múltiples amenazas que han recibido los líderes indígenas en el Cesar, el defensor del Pueblo, Carlos Camargo, realizó una visita humanitaria al corregimiento Makumake-Rioseco, de Valledupar.
Los voceros y la comunidad indígena se reunieron con el defensor del Pueblo y le manifestaron que continúan las afectaciones en Derechos Humanos, los cuales han sido advertidos por la entidad, a través de la Alerta Temprana 026 de 2021, en la que se especifica cómo en el Resguardo Indígena Kankuamo se han presentado amenazas, circulación de panfletos apócrifos que utilizan las siglas de grupos armados ilegales e incluso la misma incineración de kankurwas (centros ceremoniales).
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También describe el Sistema de Alertas Tempranas (SAT) de la Defensoría del Pueblo que han ocurrido patrullajes por parte de hombres que a veces son vistos vestidos completamente de negro y en otras ocasiones portando prendas de uso restringido y que portan armas cortas y largas.
El Defensor se comprometió con el envío de requerimientos y reuniones con las autoridades civiles y de fuerza pública para que actúen de manera rápida y efectiva en su protección por el alto riesgo en el que se encuentran las comunidades de Murillo, Rioseco, Ramalito, Los Haticos, Rancho de la Gota, Mojao, La Mina, Pontón, Las Flores, Atanquez, Chemesquemena y Guatapurí, pertenecientes al pueblo Kankuamo, en jurisdicción de Valledupar.
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“Seguimos haciendo monitoreo a las recomendaciones para lograr la garantía de los derechos de este pueblo indígena y exhortamos a las autoridades a que revisen y acaten las recomendaciones que hemos hecho para lograr la garantías de los derechos de las comunidades”, sostuvo.
Asimismo, aseguró el funcionario que, “estamos en la construcción de una alerta estructural para las comunidades indígenas de la Sierra Nevada de Santa Marta con el fin de que se pueda reforzar el trabajo articulado de la institucionalidad del Estado antes los escenarios de riesgo actual, por el proceso de expansión y consolidación de estructuras armadas, que generan desplazamiento forzado en el departamento”.
Cabe señalar que en el departamento del Cesar hay 45.403 víctimas de desplazamiento forzado. En 2021 y lo corrido del 2022 se han presentado desplazamientos individuales de los municipios de La Paz, La Jagua de Ibirico, Manaure Balcón del Cesar, Astrea, Chimichagua, Pailitas, Pelaya y Tamalameque.
En las regiones sur y occidente del Cesar se presentaron, durante 2021 y lo que va de 2022, acciones de grupos armados ilegales como el ELN; el EPL, los Pelusos y las AGC-Clan del Golfo.
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Finalmente, la Defensoría del Pueblo ha advertido reiteradamente la situación de riesgo a la que están expuestos los líderes sociales y de forma particular se observa con preocupación el incremento en los casos de homicidio contra líderes comunales, indígenas, afrodescendientes y campesinos.
Además, rechazó y pidió aclarar el crimen en contra del líder y reclamante de tierras José Luis Quiñones, quien fue asesinado en Tamalameque.
