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Según el senador Elías, la financiación de la instalación del sistema de vídeo vigilancia en los taxis será responsabilidad de las empresas de transporte a las que el vehículo esté afiliado.
Es importante destacar que el plazo máximo para instalar y poner en funcionamiento las cámaras de seguridad será de dos años contados a partir de la entrada en vigencia de la ley.
El senador hizo hincapié en que este proyecto de ley no implementará algún tipo de monitoreo por parte de las empresas de transporte o de la Policía, ya que el monitoreo en tiempo real no es viable dada la cantidad de taxis que hay en todo el país.
"Los recursos humanos, financieros y técnicos existentes resultarían insuficientes y la implementación de la medida sería imposible", aseguró el senador Elías.
Asimismo dijo que "la idea es que por lo pronto la vídeo vigilancia funcione como una especie de caja negra de seguridad que deberá instalarse de tal forma que quede registro de todos los ocupantes del taxi y tendrá que contar con un sistema que permita, como mínimo, el almacenamiento del vídeo por quince días".
