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La Procuraduría General de la Nación inició una investigación contra el gerente del Hospital San Vicente de Paúl de Caldas, Antioquia, Juan Carlos Sánchez Fernández, y otros funcionarios de la institución, por posibles irregularidades relacionadas con contratos que superarían los $2.044 millones.
Uno de los casos que analiza el Ministerio Público está relacionado con un contrato suscrito el 1 de enero de 2025 con la Corporación Balboa, por un valor de $444.707.780. Según la investigación, este monto habría excedido el límite establecido en el Manual de Contratación del hospital y, presuntamente, no habría contado con la autorización previa de la Junta Directiva de la ESE.
La Procuraduría también puso bajo la lupa una contratación que, desde enero de 2026, habría superado los $1.600 millones para la adquisición de equipos biomédicos especializados. El organismo busca establecer si estos elementos actualmente se encuentran sin funcionamiento debido a que el hospital no dispondría del personal necesario para operarlos.
A estas actuaciones se suma la verificación de otras conductas atribuidas al gerente. Entre ellas, se investiga si habría omitido reportar un posible conflicto de intereses relacionado con una presunta relación sentimental con la jefe de Talento Humano de la institución.
El Ministerio Público también busca determinar si se presentaron ausencias laborales sin la debida autorización y si un vehículo contratado por el hospital habría sido utilizado para asuntos de carácter personal.
La Procuraduría continuará recopilando información y verificando las circunstancias de cada uno de los hechos para establecer si hubo actuaciones contrarias a las normas que rigen la administración pública y la contratación estatal.
¿Por qué investiga la Procuraduría al gerente del Hospital San Vicente de Paúl?
Por presuntas irregularidades relacionadas con procesos contractuales que superarían los $2.044 millones, además de otras posibles conductas.
¿Qué contrato está bajo la lupa por superar los límites establecidos?
Uno suscrito con la Corporación Balboa por $444.707.780, que presuntamente habría excedido el monto permitido por el Manual de Contratación y no habría contado con autorización de la Junta Directiva.
¿Qué otras situaciones está verificando la Procuraduría?
El posible uso de un vehículo institucional para asuntos personales, ausencias laborales sin autorización y la presunta omisión de un posible conflicto de intereses.
