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El procurador General de la Nación, Fernando Carrillo, insiste en la necesidad de realizar varias pruebas para detectar las personas contagiadas por el coronavirus.
En vista de que el Ministerio de Salud anunció la llegada al país de 47.500 pruebas rápidas para detectar el contagio, el jefe del organismo pidió dar uso de algunas de esas pruebas en las cárceles del país.
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“Ojalá aplicaran una buena cantidad de esas pruebas en las cárceles para saber cuál es el nivel de contagio al interior de esos establecimientos”, dijo Carrillo.
La solicitud del procurador se desprende de la noticia sobre la muerte de dos reclusos de la cárcel de Villavicencio que resultaron positivos para la COVID-19 y de que en la cárcel Distrital en Bogotá, uno de los guardias resultara contagiado.
Carrillo cuestionó que el país aún este a la espera de conocer las decisiones del Gobierno frente a las medidas de protección para la población carcelaria.
“Seguimos esperando esas medidas, habrá que ver que viene sucediendo, uno no necesita ser profeta para saber que había casos en las cárceles (…) máxime por las condiciones débiles y frágiles de higiene que se dan en este tipo de establecimientos”, dijo.
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El Ministerio de Justicia aún no ha dado a conocer el decreto que anunciaron hace más de 20 días y que permitirá otorgar casa por cárcel a un grupo especifico de internos, como una medida de prevención y protección frente al contagio de la COVID-19.
“Hago de nuevo un llamado al Gobierno Nacional para que se ponga en marcha las medidas que son de descongestión (…) aunque fuera únicamente desde el punto de vista humanitario”, señaló.
Expertos en derecho penal, consultados por RCN Radio, han advertido sobre la necesidad de la expedición del decreto, como el abogado penalista Francisco Bernate, quien señaló que más allá de beneficiar a algunos reclusos con la detención domiciliaria, el Gobierno y las autoridades penitenciarias deben garantizar la sanidad al interior de los 138 establecimientos penitenciarios que hay en Colombia.
Bernate propuso la creación de 50 puestos para jueces, con el fin de que sean ellos quienes estén exclusivamente encargados de verificar la detención domiciliaria de cada preso, una vez salga a la luz el decreto que está en estudio.
