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Dentro del documento de la Procuraduría la restricción por vía marítima era necesaria, el mayor flujo de visitantes lo hacen por vía terrestre y por lo tanto se deben adoptar medidas complementarias para enfrentar esta problemática ambiental que ha sido alertada desde hace mucho tiempo.
“Aunque la medida se aplaude y es el camino para lograr el equilibrio frente al impacto ecológico en el uso de este Parque Natural, la decisión se torna insuficiente ya que el mayor flujo de población que ingresa a la zona lo hace por vía terrestre”, señala el documento de la Procuraduría.
Frente a esta situación la Procuraduría Delegada para Asuntos Ambientales, hizo un llamado para desarrollar un trabajo articulado entre la Dirección Nacional Marítima (Dimar), Cardique, Policía Nacional, Alcaldía de Cartagena y la entidad administradora con el objetivo mitigar de forma definitiva la problemática social y ambiental que afecta a esta zona.
