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Después de seis meses de la expedición del decreto de emergencia carcelaria, en el marco de la pandemia por el coronavirus, la problemática de hacinamiento se trasladó a las estaciones de Policía y las Unidades de Atención Inmediata (URI), a cargo de la Fiscalía.
Esa es la gran conclusión del segundo informe sobre la situación carcelaria que realizó la Procuraduría General de la Nación, y que conoció RCN Radio.
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El informe reveló que aunque hubo una notable disminución de hacinamiento en las cárceles del país a cargo del Inpec, al pasar del 51.49 % a 26,23 % entre marzo y septiembre, esa situación se agudizó en las URI a cargo de la Fiscalía y las estaciones de Policía de todo el territorio nacional.
La Procuraduría señaló que esa situación tiene en alerta a 21 departamentos, entre ellos Tolima, La Guajira, Caldas, Chocó, Arauca y Boyacá, que se presentó por la suspensión de traslados de internos a las cárceles.
“La suspensión de traslados de centros de detención transitoria a establecimientos penitenciarios y carcelarios generó dificultades y aumento del número de personas, incrementando el índice de ocupación y hacinamiento, aumentando el riesgo de prevención y cuidado frente al contagio”, aseguró esa entidad.
El procurador general, Fernando Carrillo, advirtió que persiste la falta de pruebas diagnósticas para covid-19 y prendió las alarmas sobre los niveles de contagio en esa población.
"Inexistencia y el déficit de pruebas diagnósticas en el sistema penitenciario y carcelario. Solamente se han hecho pruebas al 30% de la población penitenciaria”, dijo.
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De acuerdo con el informe, al 9 de septiembre se registraron 11.373 casos de contagio por coronavirus en la población privada de la libertad, es decir, 10.565 casos más que en el mes de mayo cuando inició la pandemia.
El informe también dice que a nivel nacional se han tomado 27.696 muestras por covid-19, equivalente a un 28.5% de la población carcelaria.
Esmeralda Echeverry, de la Fundación Cárceles al Desnudo, dijo que a la alta cifra de contagios se suma a la falta de elementos de bioseguridad para la población reclusa.
“Más de cinco mil personas se han contagiado del virus y se han visto afectadas por la falta de elementos se seguridad y falta de atención medica, lo que permitió la propagación de la covid-19 en las cárceles”, advirtió.
Precisamente, el informe de la Procuraduría advierte sobre la falta de agua potable en las cárceles sobre todo en departamentos como Boyacá, Chocó y Nariño, al igual que la ausencia de suministro de elementos de aseo y bioseguridad, infraestructura adecuada y alimentación en condiciones de calidad para esa población.
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El presidente del Colegio de Abogados Penalistas de Colombia, Francisco Bernate, aseguró que el problema es el hacinamiento.
“La realidad es que la emergencia carcelaria en Colombia no da abasto, no hay tapabocas, no hay gel antibacterial y se está poniendo en riesgo la vida de los internos y del personas penitenciario y carcelario”.
Las cifras que revela el informe de la Procuraduría dan cuenta que al 9 de septiembre se han registrado 75 personas muertas por el virus.
El análisis concluyó que persisten altos contagios en las reclusiones de Ibagué, Cúcuta, Bucaramanga, Granada, Pitalito, Pedregal de Medellín, Sogamoso, Pereira, La Picota y Modelo de Bogotá.
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